De las togas y del Derecho.


Por Pablo Gasco de la Rocha. 08/06/2007.  

Lo primero que hay que decir en un Estado de derecho cuando nos referimos a los jueces, miembros del Tercer Poder del Estado, es que son una parte sustancial en la creación del Derecho, pues su capacidad normativa y resolutiva va mucho más allá del simple manejo de las normas legales aprobadas en el Parlamento. Al margen, claro está, de que con sus sentencias el Tribunal Supremo crea Jurisprudencia, una de las fuentes del Derecho. En definitiva, lo que hace el Poder Judicial es una función de amparo y protección a la sociedad a la que sirven.

Una función de amparo y protección que no se ha realizado respecto al tema capital que hemos padecido, el terrorismo de ETA, por más literatura que al respecto se haga. Y para corroborarlo, no hay más dato que la propia realidad, pues hasta 1996 no se da un giro a partir del convencimiento de que la política de tolerancia con la ilegalidad en el País Vasco había fracasado, y de que era necesario acabar con la generalizada impunidad con la que los terroristas y sus cómplices actuaban ya sin la justificación jurídica que se había empleado respecto a Batasuna, parte integrante de ETA desde siempre. Lo que sin duda ha causado un efecto desmoralizador y demoledor   entre los ciudadanos, y no sólo entre los más afectados por el terrorismo de ETA, hasta el punto de que la sociedad ha percibido al Poder Judicial como un simple apéndice del Ejecutivo.

Apenas trascurridos tres años de la publicación de aquella sentencia en cuya parte dispositiva se ordenaba expresamente que "los partidos cuya ilegalidad se declara cesen de inmediato en todas las actividades que realicen", volvemos a la misma situación de impunidad anterior a 1996,   según ha declarado el Tribunal Supremo, pues nuevamente ETA, ahora a través de su nuevo socio, ANV, es quien vuelve ha presentarse a unas elecciones, circunstancia que no ha sido impugnada por los únicos que estaban legitimados para hacerlo, la Fiscalía General del Reino y la Abogacía del Estado. Desde este punto de vista, a todas luces percibido por la sociedad, los valores superiores como la justicia, la libertad y la igualdad quedan seriamente dañada y en entredicho. Siendo lo menos grave el modus operandi que nuevamente se ha empleado: el hostigamiento y la violencia contra los candidatos de los otros partidos, sin excluir la "bomba lapa" en los bajos del coche del candidato socialista, señor Elola.

Como colofón, pues, a lo que constituye una burla fragrante y continuada al Estado de derecho, el Poder Judicial en pleno debería actuar de contrapeso y balanza contra tal exceso y pretendida inmunidad; y ello, al margen de la decisión de cualquier mayoría parlamentaria. Porque después de la excarcelación de De Juana Chaos, de la arbitraria retirada de acusación respecto a Otegui, de la actuación continuada y reiterada del Fiscal General del Reino a las órdenes del Ejecutivo, y de la política de cesiones y de tolerancia del Gobierno de Zapatero al mundo criminal de ETA, ha llegado el momento inaplazable de buscar los jueces que necesita nuestra democracia. Pues hay que acabar con este tumor antes de que sea demasiado tarde.

 

Artículo de opinión extraído de la página: www.generalisimofranco.com