Por Eduardo Palomar Baró.

Por esta ley también se creaba la Junta Técnica del Estado como organismo ejecutivo de la Administración, que prescindiendo de un desarrollo burocrático innecesario, respondiese a las características de autoridad, unidad, rapidez y seriedad, tan esenciales para el desenvolvimiento de las diversas actividades del país. Presidía dicha junta el general Fidel Dávila Arrondo y se componía de las siguientes comisiones. De Hacienda, presidida por Andrés Amado y Reygondaud de Villebardet, que tenía como misión el estudio y preparación de los siguientes asuntos: divisas, donativos, impuestos, contribuciones, bancos, Tesoro Nacional, aduanas, timbre, presupuestos, cámaras de compensación, aranceles, monopolios y operaciones de créditos y gastos. De Justicia, presidida por José Cortés López, a la que competía la proposición de aquellas normas que en el orden procesal no tenían, en aquellos momentos, aplicación tangible, así como la modificación o alteración de las hasta entonces vigentes. De Industria, Comercio y Abastos, para cuya presidencia se designó a Joaquín Bau Nolla, a la que se encargaba el estudio estadístico de las diversas actividades, mercancías y provisiones existentes en las provincias ocupadas; régimen de coordinación entre las mismas y auxilios que necesitasen; fomento de las exportaciones y determinación de las importaciones necesarias, así como arbitrar los primeros medios necesarios para la subsistencia de las industrias. De Agricultura y Trabajo Agrícola, presidida por Eufemio Olmedo, cuya función principal consistía en fijar las normas indispensables para la continuación de las actividades agrícolas y preparar la revalorización de los productos de la tierra; establecimiento de patrimonios familiares; cámaras agrícolas y mejora de la vida campesina. De Trabajo, de la que era presidente Alejandro Gallo Artacho, cuya competencia se extendía a todo lo relacionado con las bases vigentes y laudos de trabajo, y el estudio de nuevas orientaciones que tendiesen al bienestar obrero y a la colaboración de éste con los demás elementos de la producción. De Cultura y Enseñanza, presidida por José María Pemán y Pemartín, que debía ocuparse de asegurar la continuidad de la vida escolar y universitaria; de la reorganización de los centros de enseñanza y del estudio de las modificaciones necesarias para adaptar éstos a las orientaciones del nuevo Estado. De Obras Públicas y Comunicaciones, cuyo presidente fue Mauro Serret, que tenía por misión asegurar la continuación de las obras públicas en curso; emprender otras nuevas donde fuesen indispensables; restablecer las líneas de transportes de todas clases; organizar un perfecto servicio de comunicaciones postales y telegráficas en todo el territorio ocupado, así como el personal necesario para estos servicios.

Dichas comisiones habían de ocuparse, además, de cuantos otros asuntos no mencionados especialmente fuesen peculiares de su general cometido. El presidente de la junta estaba facultado para resolver los asuntos que se asignasen a las respectivas comisiones; presidía sus reuniones parciales o totales, pudiendo recabar la opinión de técnicos que con carácter consultivo podían nombrarse en cualquier momento; y, por último, estaba obligado a someter sus dictámenes a la aprobación del jefe del Estado. En el mismo decreto se creaba el cargo de gobernador general, el cual tenía como cometido la inspección de las provincias ocupadas y cuanto se refería a la organización de su vida ciudadana, abastos, trabajo y beneficencia, en estrecha relación con las autoridades de las mismas y con los departamentos correspondientes de la Junta Técnica del Estado. Se nombró para ocupar tal cargo al general Francisco Fermoso Blanco, que lo desempeñó hasta principios de noviembre de 1936, en que fue reemplazado por el también general Luis Valdés Cabanillas. Al mismo tiempo se creaba una Secretaría de Relaciones Exteriores, que tenía a su cargo las relaciones diplomáticas y consulares con los demás países, así como una Sección de Prensa y Propaganda. Y, por último, una Secretaría General del Estado, con personal especialista de las materias que eran objeto de las distintas secciones de la Junta Técnica y con un miembro destacado del Departamento de Relaciones Exteriores, para cuyo destino se nombró a Nicolás Franco Bahamonde. Dicha Junta Técnica fue disuelta por ley de 30 de enero de 1938, en virtud de la cual se organizó la Administración Central del Estado y se constituyó el primer Gobierno de la zona Nacional.

Franco instaló, desde el 5 de octubre de 1936, su cuartel general en el palacio episcopal de Salamanca, y nombró al general Cabanellas inspector general del Ejército.

En el palacio de Anaya, el general Millán Astray y el escritor Ernesto Giménez Caballero, montaron unos servicios de propaganda que cumplieron satisfactoriamente su misión, pese a la penuria de medios de que dispusieron.

Logrado el mando único, Franco ordenó al jefe del Ejército Norte, general Mola, el avance sobre Madrid.