LA CONVENIENCIA DE
CONOCER LA HISTORIA
Pío Moa
En un reciente artículo,
mi paisano Enrique Curiel comparaba la situación política actual con
la de preguerra: «Hemos regresado a las elecciones de febrero de
1936, ganadas por el Frente Popular y que provocaron la insurrección
militar de Franco y la guerra civil, y a las elecciones municipales de
abril de 1931 –nunca aceptadas por una parte de la derecha–, que
abrieron la puerta a la II República».
La
comparación no es muy adecuada. Las elecciones municipales de 1931
fueron ganadas por las derechas por amplia mayoría, aunque perdieran
en las capitales de provincia, y de ellas no tenía por qué haber
salido ningún cambio de régimen. Si ocurrió de otro modo fue por la
iniciativa de la derecha republicana (Miguel Maura y Alcalá-Zamora)
secundada por los monárquicos, que facilitaron el cambiazo. Así,
contra lo supuesto por Curiel, la llegada de la República no tuvo prácticamente
enemigos. Éstos empezaron a aparecer por la derecha cuando las
izquierdas se lanzaron, al mes de instaurada la República, a la gran
quema de conventos, bibliotecas, centros de enseñanza, etc. Ahí
empezó la quiebra de la República, pero no por culpa de la derecha,
sino de los incendiarios izquierdistas y del gobierno que los amparó.
Y siguió con las insurrecciones anarquistas, también de izquierda.
En
cuanto a las elecciones de febrero de 1936, las ganó el Frente
Popular (en diputados, no en votos) en unas circunstancias que
normalmente las habrían invalidado, según describe el propio Azaña:
«Los gobernadores (encargados de velar por la pureza del escrutinio)
habían huido casi todos. Nadie mandaba en ninguna parte, y empezaron
los motines». La continuación la describe también Azaña
inmejorablemente sólo un mes después (y era sólo el comienzo): «Hoy
nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos
de derecha y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en
Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado,
Logroño, el viernes, Madrid, tres iglesias. El jueves y el miércoles,
Vallecas… Han apaleado a un comandante, vestido de uniforme, que no
hacía nada. En Ferrol a dos oficiales de artillería; en Logroño
acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales. Creo que van
más de doscientos muertos y heridos desde que se formó Gobierno
(menos de un mes antes), y he perdido la cuenta de las poblaciones en
que se han quemado iglesias y conventos. Con «La Nación» (periódico
de derechas) han hecho la tontería de quemarla». Azaña calificó en
varias ocasiones de «tonterías» la quema de iglesias, bastantes de
ellas de un alto valor artístico, o de periódicos derechistas.
Prieto
declaraba el 1 de mayo que la situación era insostenible, y se
hablaba de «dictadura republicana». Pero lo más significativo fue
la negativa del gobierno izquierdista a hacer cumplir la ley. Las
peticiones al respecto en las Cortes recibían en respuesta insultos y
amenazas de muerte (cumplida con Calvo Sotelo y casi con Gil-Robles).
De hecho, las autoridades favorecían la sangrienta marejada del
proceso revolucionario, y con ello acabaron de destruir su ya dudosa
legitimidad electoral.
¿Se parece aquella situación a la actual, como
sostiene Curiel? Afortunadamente hay bastantes diferencias. Para
empezar, el nivel de violencia es mucho menor. Sin embargo, existen
circunstancias muy preocupantes, que Curiel achaca arbitrariamente a
la derecha: «Nunca desde 1975, desde la muerte de Franco y el inicio
de la transición democrática, se habían puesto en cuestión los
resultados electorales. Jamás los responsables de Unión de Centro
Democrático, del PSOE, de Alianza Popular, del PCE o de los
nacionalistas adoptaron una estrategia similar. El daño que se puede
provocar en nuestro sistema político y de convivencia es muy grave».
La realidad es que nunca desde 1975 había habido unas elecciones tan
anormales como las pasadas. Y no sólo, o no tanto, por haber sufrido
la marca del más salvaje atentado terrorista ocurrido en España,
sino por la utilización que del mismo hizo la izquierda. Porque la
izquierda desvió de los verdaderos asesinos la culpa del crimen para
cargarla sobre el gobierno que mejor ha luchado en España contra el
terrorismo, sin claudicar «dialogando» con los héroes del tiro en
la nuca ni caer en el crimen de estado. Fue como si, cuando el
asesinato de Miguel Ángel Blanco, la izquierda y los nacionalistas
hubieran reaccionado no contra la ETA, sino contra el Gobierno.
Y,
por cierto, el partido ganador en tan anormales comicios ha premiado a
los terroristas, pues no se puede decir de otro modo, con la retirada
de las tropas españolas que ayudaban en Iraq a reconstruir el país y
a librar a la población de criminales como los autores de los
atentados de Madrid. Debemos insistir en ello, pues esta evidencia
restallante casi nunca se examina, como si la retirada de Iraq se
limitara al cumplimiento de una promesa electoral. El significado de
la promesa y del acto es simplemente el mencionado, y eso lo vuelve
especialmente siniestro.
La
desviación de la culpabilidad desde los asesinos al gobierno no es la
única mancha en la victoria electoral de Rodríguez, con ser gravísima.
Debemos recordar también las previas campañas, las del Prestige y la
de la guerra contra Sadam, en las que el PSOE, no por casualidad al
lado de los comunistas y los nacionalistas catalanes y vascos,
incluyendo a los abiertamente proetarras, auspició manifestaciones
violentas, al borde de la desestabilización, para extender por gran
parte del país el clima de odio que hoy caracteriza a las
Vascongadas, y que, de volverse habitual en toda España, arruinaría
la democracia, como en gran parte está arruinada en la región donde
manda el PNV. Y ahora Curiel y los demás socialistas acusan y
presentan como próxima al golpismo (como en el 36, insinúan) a una
derecha promotora de una política en que «todo estará permitido y
cualquier estrategia de confrontación por parte de la derecha estará
justificada». ¿Cuál es esa «cualquier estrategia»? Así quiere
definir el Gobierno la exigencia de aclaraciones sobre lo ocurrido en
aquellos días de infamia desde el 11 de marzo, una exigencia
elemental y normalísima en cualquier sistema democrático. ¿Qué
tiene que ver esa actitud de la derecha, o su insatisfacción por las
insatisfactorias explicaciones oficiales, con aquella política de
pancarta, asedio a locales del PP, manifestaciones violentas e
insultos intolerables de «asesinos», practicada por la izquierda y
los nacionalistas? Eso sí era una estrategia de confrontación
inaceptable. En realidad, este intento socialista de acallar desde el
poder a la oposición mediante acusaciones falsas o exageradas y un
tanto chantajistas, se corresponde con su política previa de alcanzar
ese poder mediante una acción bastante próxima al asalto. El
asustadizo PP debiera dejar las cosas bien claras al respecto. Curiel,
como en general los socialistas, ignora la historia, empezando por la
de su propio partido, y eso es peligroso: lleva a repetir viejos
errores.
La Razón
17 de Agosto de 2.004.-
