No se puede excluir al Rey.

Hubo algo verdaderamente singular en la aparición del señor Calvo Sotelo ante las cámaras de televisión al conocerse la sentencia sobre el 23-F. Algo en lo que, a juzgar por la prensa que he podido consultar, se diría que nadie ha debido reparar a pesar de toda su importancia, tan considerable al menos como el propósito que anunció de recurrir contra la sentencia dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Y ese algo fue haber limitado las funciones del Ejército a la obediencia debida al Gobierno y a la Constitución, sin mencionar la que corresponde al Rey, la Corona o la Monarquía, como si no contara o lo existiera, o como si la forma de Gobierno que la Constitución reconoce no fuera una Monarquía parlamentaria.

Lo cierto es que se han escrito comentarios de la más diversa índole sobre la declaración del señor Calvo Sotelo recusando la sentencia del Tribunal Militar, pero hasta ahora no he leído ninguno sobre esta verdad evidente: a lo largo de toda su intervención, nunca hizo, ni siquiera de forma remota, una alusión al soberano. En cambio, y precisamente por ello, no ha podido ser más oportuna la nota enviada por la Junta de Jefes de Estado Mayor a las Capitanías a fin de que sea comunicada a todas las unidades militares.

Repárese que lo primero que hacen constar es que «las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su misión, defienden con lealtad a la Corona, el ordenamiento jurídico constitucional y a la legalidad vigente. Y en consecuencia -dice después- respetan la independencia del estado judicial como corresponde a nuestro estado de derecho considerando improcedente toda actuación que entrañe menosprecio a la actuación del Consejo Supremo de Justicia Militar, dado que ello afecta no sólo a la institución militar, sino al respeto que en todos los órdenes merece la independencia de la función judicial.

La nota de la JUJEM precisa aquello que parece faltarle a la declaración del Jefe del Gobierno.
Si el militar ha venido aguantando cuanto le han echado encima, no hay porqué pensar que no vaya a seguir igual.

En cuanto a recurrir contra la sentencia era de suponer que, como siempre, según quién opinase, podría estimarla demasiado rigurosa o demasiado benigna. Incluso en cualquiera de ambos casos me hubiera gustado tener mayor información sobre las distintas actuaciones en el Servicio Geográfico, para entender cómo de una forma u otra, no han sido menores las penas para el teniente general Miláns del Bosch y Ussía (hay quienes tienen Usía en la condición y el apellido) y al teniente coronel Tejero, que para Armada, Cortina y Gómez Iglesias, teniendo en cuenta que mientras Armada fue quien propuso los medios para huir (aún haciéndolo con la autorización de las más altas esferas), Tejero no debió sentir ningún complejo de culpa, ya que se negó aceptar y posteriormente, cuando el episodio del Banco Central, nadie quiso largarse tampoco.

No dudo que todo esté justificado, Federico, sino que me hubiera gustado poderlo entender.

«Por realismo y patriotismo» legalizó Suárez el Partido Comunista. Es el «Yo disiento» de un aprendiz de Zola.

Cierto que si los jueces estuvieran inmunizados contra el error sobrarían muchos magistrados y no existirían las apelaciones al Supremo, pero es que en este caso el más supremo de los tribunales (exceptuando el de Dios) es el que ha dictado sentencia, y recusarla, apelando a un tribunal civil por esperar de éste mejor justicia, demuestra tal desatino que, además de tener todas las apariencias de un abuso de poder, supone al menos un insulto incalificable no sólo para los hombres de una institución que, como la militar, nunca claudicará de la única exigencia a la que no ha renunciado en lo personal, el derecho al honor, sino para el prestigio de unos tribunales militares que hasta en la rigurosidad escueta de la Ley, merecieron siempre encomio y respeto por su forma de impartir Justicia.

Cualquier otra interpretación sería temeraria y estúpida, pues pura y simplemente, el hecho de ostentar la máxima representación del Gobierno no concede derecho alguno para menospreciar la actuación de! Consejo Supremo de Justicia Militar, alegando, además, para mayor agravante, razones de personal resentimiento, que lejos de justificar nada equivalen a intentar lavarse con cieno.

También es difícil suponer si es deliberado o no el gran favor que el señor presidente ha hecho a nuestro enemigos, que, por cierto, son también los suyos, y aunque piensa habérselos ganado con consensos y tratos de favor, la verdad es que según puntualizó también en TV el señor Cavero, «La reciente reforma que a iniciativa del Gobierno introdujeron las Cortes Genera- les en el Código de Justicia Militar, permitirá que, en su caso, los casos se tramiten en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es decir, ante la jurisdicción civil».

Es importante para algunos limitar las funciones del Ejército exclusivamente a la obediencia debida al Gobierno y a la Constitución, sin mencionar la que corresponde al Jefe del Estado.

Calvo Sotelo no hace, en su recurso a la sentencia del 23-F, ni siquiera remotamente, una alusión al soberano.

Lo que no se dice, quizá porque está clarísimo, es que esa «feliz» iniciativa de reforma, propuesta y lograda por el gobierno UCD, constituye el mayor atentado cometido contra el Ejército, al dejarle así a merced de los tribunales populares que acabarán por arrollar desde las primeras de cambio a los tribunales civiles.

Pero ya se ve que al señor Calvo Sotelo no le preocupan ni los motivos que llevaron al 23-F ni la consideración debida a la sentencia emitida por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Después de todo, han dicho tantas veces que «el militar vivía antes en un gheto» que no se entiende porque ahora no ha de adaptarse a vivir en un puño. Si ha venido aguantando cuanto le han echado encima no hay por qué pensar que no vaya a seguir igual.

El Gobierno, que prefiere ignorar cómo se ataca la unidad de España quebrantando con ello la Constitución; que ha hecho de la bandera algo transitorio y de posible modificación; que para hacerlo más impunemente no ha retrocedido en modificar hasta la fórmula casi sacramental con que se juraba defenderla; que tolera cualquier ataque a los vivos y permite hasta el ultraje a los muertos como el inferido al capitán Cortés reiterando de la escalilla de la Guardia Civil la mención de una Laureada que pertenece a la Historia; que se envilece queriendo obstaculizar nuestro homenaje de lealtad a la memoria del Caudillo; que ha permanecido impasible cuando los etarras solicitaron del tribunal de La Haya el dictamen respecto a desmembrar a España con el separatismo vasco; que tampoco va a hacer nada ante las recientes ofensas de un Garaicoechea exaltando a los terroristas; que igualmente no ha pestañeado al saber que Reagan ha pactado ya con Hassán la entrega de Cauta y Melilla, ese Gobierno, en fin, incapaz de justicia ni firmeza, sólo emplea el rigor de su energía con el Ejército confundiendo disciplina con temor y llegando incluso a cambiar las leyes para evitar que, más tarde, lleguen otros y hagan a su vez lo mismo que ellos hicieron ya con los anteriores.

Ya se ha dado el caso, incluso en alguna capitanía, que tras esperar en vano una respuesta a determinados escritos y telefonear pidiéndola, la contestación ministerial ha sido que «escritos así nunca se dan por recibidos». (¿Quizá se supone que ésta es la mejor forma de unir y conciliar?)

Lo cierto es que cuando uno de los más inauditos alegatos contra la sentencia es ese «Yo disiento», escrito por un aprendiz de Zola llamado Suárez, dan ganas de reír recordando que es aquel mismo individuo que lejos de «disentir» del comunismo alegó, para justiciar su legalización, haberlo hecho por «realismo y patriotismo», que «no permiten cerrar los ojos a lo que existe» y exige «el estudio detallado de los hechos que se tienen delante». Cinismo se llama esa figura porque valor no es.

Era de suponer también la oleada de injurias y denuestos que surgirían tras la sentencia. La capacidad del hombre para degradarse es inagotable cuando, intentando alcanzar a sus adversarios, sólo puede glorificarles.

Postdata. Acabo de entender la indignación por el asunto de las sillas de tijera para presenciar el desfile. y también lo que ha ocurrido en el seno del Consejo Supremo con Carrero y Barcina. Respecto a esto ya hablaré, y respecto a lo primero hubiera sido un poco desairado que un Gobierno, en la flor de la edad como el nuestro, precisara sentarse cuando el Caudillo de España, en atención al Ejército, siempre permaneció de pie en tantos desfiles pese al privilegio de su gloria y de sus años.