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SUGERENCIAS

 

Discursos y mensajes del Jefe del Estado, 1963.


 
Discurso en la Clausura del IX Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S.

Pronunciado en Madrid, el 9 de marzo de 1963.

 
Señores Consejeros:

En pocas ocasiones creo que podremos reunirnos para celebrar con tan legítima alegría como hoy decisiones o acontecimientos que tuvieron lugar hace veinticinco años. No es frecuente, en efecto, en la vida política el poder reunirse un cuarto de siglo después para conmemorar un texto legal de carácter programático que ha sido a lo largo de esos años transformado en legislación positiva, que establece de modo permanente el derecho que desde el principio consideramos obligado reconocer al mundo del trabajo.

Si hoy podemos conmemorar ante el Consejo Nacional del Movimiento la promulgación del Fuero del Trabajo, primera en el tiempo de las Leyes Fundamentales del Régimen y declaración constitucional magna de la vocación revolucionaria de nuestro sistema, ello es debido ante todo a la profunda intuición histórica de la doctrina del Movimiento y a la inquebrantable fidelidad con que a lo largo de los años, entre vicisitudes y convulsiones terribles, ha sido servida por los españoles todos.

Permitidme que al recordar ahora aquellas tareas del Consejo Nacional, que culminaron en la proclamación en Burgos del Fuero del Trabajo, recuerde también cuanto acontecía en torno nuestro. El día 6 de marzo de 1938 se hundía frente a las costas del Levante español aquel buque glorioso que se llamó «Baleares» y que constituía la más moderna y potente unidad de nuestra flota de guerra. El día 10 iniciábamos la ofensiva en el frente de Aragón, que había de conducir a nuestras tropas a las playas del Mediterráneo, partiendo en dos el territorio ocupado por nuestros adversarios. Eran, por tanto, días trascendentales los que el Estado Español vivía en aquel mes de marzo de hace veinticinco años, en que la Nación estaba sometida a un tremendo esfuerzo militar que, tal vez por ello, no apreció en toda su hondura el significado del Decreto que se promulgaba la víspera de esa ofensiva: el texto legal que hoy conmemoramos.

Pero si la situación en España era aquellos días de auténtica excepción, recordad que en Europa también se vivían horas dramáticas. El 12 de marzo se publicó el acuerdo en virtud del cual Austria se convertía en una parte de Alemania. El 13, el Gobierno francés era sustituido por un Gobierno de Frente Popular, dirigido por el socialista León Blum, aumentando así la tensión que se había producido en Europa. En esos mismos días, el jefe del llamado Gobierno republicano volaba hacia París para conseguir del nuevo Gobierno frente-populista francés facilidades para recibir un apoyo masivo en armamentos que había de prolongar un año más la duración de nuestra guerra de Liberación.

Pensad, pues, en cuál era nuestra sinceridad al encontrar tiempo, no obstante las circunstancias, para presentar ante los españoles un texto que, de modo auténtico, recogía nuestra decidida voluntad de realizar la justicia social, dando al trabajador los derechos que le eran propios y que hasta entonces nadie en España le había reconocido.

Decía al principio que pocas veces se puede celebrar con tan legítimo orgullo una labor auténticamente realizada. Añado ahora la satisfacción que significa el poder aportar pruebas tan concluyentes de la autenticidad de una postura. Cuando en plena guerra anunciábamos cuáles podrían ser nuestras metas y objetivos posteriores, no hacíamos propaganda; definíamos nuestro modo de ser. Frente a los que presentaron al mundo el Movimiento Nacional como una pura reacción del mundo conservador contra los avances sociales, nosotros podemos hoy presentar una legislación compacta, armónica, positiva y aplicada, que demuestra del modo más decisivo nuestro auténtico afán renovador y nuestra decidida voluntad de cambiar las estructuras antiguas de la sociedad española, modificándolas de acuerdo con una visión moderna y actual de la realidad social que puede imperar en el mundo.

El Fuero del Trabajo, promulgado en medio de las urgencias y los dolores de la lucha, era un compromiso que adquiríamos con el porvenir. Urgentes e inaplazables eran entonces los problemas que nos imponía la guerra, pero no menos inaplazables y urgentes nos parecía el deber de empezar la obra de edificación de la nueva vida española.

El Fuero del Trabajo se promulgó así con el mismo orden de prioridad y con idéntico compromiso, a vida o muerte, con que se luchaba en las líneas del frente. Por eso mismo pudo parecer a algunos escépticos un simple gesto de propaganda, una acción de guerra sicológica; pero los hechos han probado de forma contundente que estaban en un error y que la lealtad y la sinceridad más acentuadas presidieron aquel acto solemne.

Mas de nada hubiera servido la virtualidad ética de nuestra doctrina, si su capacidad de ajuste al ritmo del tiempo, si hubiera fallado la voluntad de los hombres para servirla, la imaginación de los gobernantes para traducirla a fórmulas concretas y eficaces, armonizando los legítimos intereses en tensión, para encontrar su justo equilibrio dinámico, y el sacrificio de todos, en aras de la paz social y del bien común de la Patria.

El que el Fuero del Trabajo mantenga a estas alturas, y sobre el acelerado proceso de transformación social del siglo, la intacta vigencia de sus soluciones esenciales, es la mejor prueba de la solidez de los fundamentos de nuestra concepción doctrinal y de la riqueza de posibilidades de futuro que asiste a toda la doctrina del Movimiento. En este XXV aniversario está a la vista de todos cómo hemos ido realizando fidedignamente aquellas aspiraciones, cómo hemos cumplido las promesas y enunciados que en este terreno hicimos en plena lucha. En este caso, el mundo, que a veces ha demostrado tanta incomprensión con España y todavía aloja hostilidades residuales, puede asomarse a este prontuario con nuestra invitación a reflexionar sobre si en nuestras circunstancias, ¿alguien podría haber hecho algo de más extensión y profundidad que lo realizado por nosotros?

El Fuero del Trabajo anunciaba, como aspiración del nuevo Estado, una profunda transformación de la sociedad española y programaba la edificación de una poderosa institución social, de la que carecía por completo España. Se trataba de dignificar el trabajo, reconociendo su valor y su puesto de honor en la vida colectiva; de salvarle de la concepción del pensamiento materialista, que hasta entonces le había dominado; de dar efectividad al «derecho al trabajo», cuando el espectro del paro forzoso era una realidad cotidiana que en los años anteriores a nuestro Movimiento había casi alcanzado la cifra de un millón de hombres. Se proponía regular la relación laboral, rodeando al trabajo de las garantías y de las ventajas de que ya disfrutaba en las demás formas de actividad profesional; de asegurar retribuciones justas; de vincular a los trabajadores a sus empresas, ligándoles en lo posible al conocimiento de sus problemas y de sus responsabilidades; se ofrecía el proteger la noble forma del trabajo familiar o artesano, promover la capacidad profesional del trabajo industrial y agrícola y el embellecimiento de la vida rural; de atender a la situación de los arrendatarios de fincas rústicas; de proteger debidamente a los trabajadores del mar, de dotar a los conflictos laborales de una jurisdicción apropiada, con todas las garantías de la más depurada técnica procesal; se as. piraba a restablecer la confianza de las masas y a dotar a los empresarios del prestigio y la seguridad sin los cuales mal pueden cumplir su misión; se prometía una ordenación del crédito, que contemplara y atendiera las necesidades de los sectores económicos más modestos, de montar todo el entramado de los servicios de prestación de la seguridad social, de garantizar la continuidad en el trabajo, de promover el acceso a la propiedad, de proteger a la familia, .de crear una organización sindical a la altura de las necesidades de nuestro tiempo. Se establecía el atender a las conveniencias nacionales en materia de inmigración y emigración, y se trataba, por último, cuando las armas estaban todavía en alto, de proyectar ante los heroicos combatientes unos objetivos de la nueva España que estaban edificando.

Aún en plena guerra empezó a traducirse en hechos ese importante despliegue programático. En la primavera de ese mismo año de 1938 se establecieron los Sindicatos Verticales, la creación de la jurisdicción laboral, el Instituto de la Vivienda y el establecimiento del Subsidio Familiar. No había terminado el mes de enero de 1940 cuando se publicaba la Ley de Unidad Sindical, y en diciembre, las bases orgánicas de los Sindicatos, dando a lo largo del año pasos decisivos en la realización del Fuero, con disposiciones sobre la seguridad e higiene del trabajo, sobre el seguro de accidentes, sobre el descanso dominical retribuido y sobre la jurisdicción laboral.

La declaración que se refiere a la política y tutela del trabajo se encuentra con un contenido rico en posibilidades legales. La acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo, no sólo se manifiesta en el terreno legislativo con la multiplicidad de disposiciones que en tal sentido se promulgan, sino con la preocupación por su adecuado cumplimiento mediante la acción activa y unificada inspección del trabajo. En 1942 se regula la duración de la jornada laboral, se establece el trámite de conciliación en las reclamaciones laborales, se regulan los expedientes de crisis para asegurar la estabilidad en los puestos de trabajo y se crea el Seguro de Enfermedad, con lo que se llena uno de los vacíos más importantes y extensos de nuestra antigua falta de política social.

El elemento familiar, como indudable carga obligada de los trabajadores, ha sido protegido no sólo con la creación del Subsidio Familiar, sino con la especial forma de retribución llamada Plus Familiar, que administran los propios trabajadores en las Empresas. La seguridad en el trabajo cuenta con la promulgación del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, más las normas de seguridad contenidas específicamente en las Reglamentaciones, Reglamentos y Convenios Sindicales Colectivos.

Mas, ¿para qué cansaros? Ese fue el ritmo de ejecución durante los años mismos de la guerra y los inmediatamente posteriores a ella, no obstante las graves consecuencias que para nosotros tuvo el estallido de la segunda guerra mundial. Claro es que no habían de ser menos enérgicas y vivas en los años posteriores nuestras realizaciones. Aquel quehacer abierto lo hemos mantenido siempre presente en nuestro espíritu, sin dejar de añadir cada día nuevas aportaciones a la obra final.

En 1947 se establecen los Jurados de Empresa; en 1949 se dicta la ley de grandes. zonas regables; en 1952, la de los Patrimonios familiares; en 1955 se unifican los Reglamentos de accidentes del trabajo; en 1956 se crea el Instituto de Emigración; en 1958 se regulan los Convenios Sindicales Colectivos, y ya en los últimos tiempos, en el período 1959-61, se crean nuevas instituciones que han venido a vigorizar la seguridad social española. Así, por ejemplo, la Mutualidad Nacional de Previsión Social-Agraria, el Seguro Nacional de Desempleo, el Montepío Nacional del Servicio Doméstico y la Mutualidad Laboral para los Trabajadores Autónomos e Independientes. En 1962 se aprueba la Ley de Ayuda Familiar, y el último 14 de julio las Cortes aprueban la ley de la participación de los obreros en la administración de las Empresas, que les da entrada en dos Consejos de Administración de las mismas.

Como principal órgano para el desarrollo más adecuado de la política laboral proclamada por el Fuero, fue reforzada la acción del Instituto Social de la Marina, se dictaron nuevas normas para la regulación del contrato de. embarque y para la industria de la pesca. Se reguló de modo especial la protección de estos trabajadores en cuanto a los accidentes de trabajo en el mar y en la aplicación de los Seguros Sociales. Se atendió a la vivienda del pescador, y se ha previsto la especialidad de las tareas marineras con la creación del Sindicato de la Marina Mercante.

El desarrollo de la declaración del Fuero, referente a una nueva Magistratura de Trabajo, se cumplió desde los primeros momentos al establecerse, por Decreto de 13 de mayo de 1938, las Magistraturas del Trabajo, que fueron completadas más tarde por el establecimiento del Tribunal Central para conocer de los recursos de suplicación.

Pero acaso puedan ser algunas cifras la ilustración más elocuente al cumplimiento de las aspiraciones que expresábamos hace veinticinco años. El paro forzoso, esa lacra de la sociedad contemporánea, ha casi desaparecido de nuestro ambiente nacional, gracias a una política de pleno empleo mantenida invariablemente a lo largo de estos años. El paro estacional campesino, más difícil de desarraigar, por deberse a condiciones estructurales de difícil modificación, a que luego me referiré, ha sido atacado vigorosamente a través de la política de industrialización y de las realizaciones de colonización y de repoblación forestal. El dato más elocuente y significativo a este propósito es el de la disminución del tanto por ciento de nuestra población activa dedicada a la agricultura, que pasa del 52 por 100 en 1940 al 41,5 en los tiempos actuales.

La industrialización de España, cuyos resultados y cuyas promesas están a la vista, ha dado como resultado la creación de más de cuatro millones de nuevos puestos de trabajo. La repoblación forestal se ha extendido a más de millón y medio de hectáreas. La concentración parcelaria ha alcanzado 333.598 hectáreas, afectando a más de ochocientos pueblos. El crédito agrícola ha pasado de 17 millones de pesetas en 1943 a 2.809 en 1961. Las prestaciones de la Mutualidad de Previsión Social Agraria en 1962 pasan de los cuatro mil millones de pesetas. Las prestaciones del Seguro de Enfermedad en 1960 rebasan los 350 millones de pesetas, y las del Seguro Familiar, los 130. En 1935, por todos conceptos, se otorgaban en España 588 becas para estudio, y en 1962 sólo el Ministerio de Educación Nacional otorgó más de 42.000 becas. En 1962, el fondo nacional para el fomento del principio de igualdad de oportunidades dispuso 1.200 millones de pesetas.

En 1959, las inversiones realizadas por el Estado con el fin de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo con nuevas traídas de agua, edificación, nueva urbanización y servicios de todo género, había rebasado ya los 15.000 millones de pesetas.

Para proporcionar a los trabajadores en las horas libres el asistir al disfrute de todos los bienes de la cultura, de la alegría y del deporte, la Obra Sindical de Educación y Descanso, con una voluntad inagotable de servicio, organizó en 1958 diversos viajes, en los que participaron 151.796 trabajadores, a la par que el mismo año organizaba 1.892 competiciones deportivas, en las que participaron 68.466 miembros de la Organización. Junto a estas realizaciones pueden añadirse los Albergues en las Ciudades Residenciales, que, como los de Tarragona, Perlora y Málaga, han permitido a enormes masas de afiliados sindicales disfrutar de unas vacaciones y el conocimiento de unos lugares que figuran entre los más bellos y atractivos de nuestro país. Cerca de aquí, en el Parque Sindical de Puerta de Hierro de Madrid, es constante el disfrute de masas de trabajadores, que encuentran en sus instalaciones el esparcimiento y la alegría.

Quisiera precisar ahora que todas esas realizaciones han sido hechas a lo largo de unos años en los que la situación económica del país y del Estado no siempre fue próspera, entre otras cosas, porque debíamos reconstruir nuestros medios de producción en un ambiente de casi total aislamiento, en el que hasta 1953 no contamos con la menor ayuda exterior ni el menor estímulo. Por ello es significativo señalar que en cuanto nuestra situación económica ha mejorado de modo sustancial, hemos dedicado cantidades crecientes cada vez al mejoramiento de la situación de nuestros trabajadores, y así, por ejemplo, el fondo nacional de protección al trabajo, en su plan de inversiones para este año de 1963, dispone de 1.833 millones de pesetas, que se reparten del modo siguiente: para protección al desempleo, 933 millones; para la emigración exterior, 170 millones; para la emigración interior, 95 millones; para difusión y préstamos cooperativos, 110 millones; para ayuda familiar, 500 millones, y para otras ayudas, 25 millones. A estas cantidades se deben añadir 1.600 millones que el fondo aporta con carácter excepcional con objeto de mantener los precios estables, no obstante la última subida de salarios.

Pero es más; la voluntad del Estado, en su afán de mejorar las condiciones de vida de nuestros hombres, dotando a todos los españoles de un hogar digno, le han llevado, desde el mismo año 1938, a la creación del Instituto Nacional de la Vivienda y a establecer en los Presupuestos del Estado créditos importantes para la subvención y el crédito a las viviendas modestas. y últimamente a la confección del plan nacional de la vivienda, que se desarrollará a lo largo de cinco años, y que supone en total la construcción de 3.713.907 viviendas, con una inversión de 551.301 millones de pesetas, habiéndose ejecutado en los dos años que lleva este plan 300.000 viviendas, y para 1963 se prevé la construcción de otras 150.518. La lucha contra el suburbio se encuentra en plena realización, y en la mayoría de las grandes capitales, en especial Barcelona, Madrid, Sevilla y Granada, están en construcción varios miles de viviendas provisionales que hagan desaparecer esa lacra de la chabola y de la vivienda insalubre de las grandes urbes.

En 1961, el Servicio Nacional del Crédito Agrícola otorgó 92.212 préstamos, que suponen una inversión de 5.670 millones de pesetas. En ese mismo año el Seguro de Desempleo invirtió 186 millones de pesetas.

En el breve plazo de vigencia de la legislación sobre Convenios Sindicales, a principios de este año se habían celebrado ya 245, que afectaban a 84.059 Empresas y a 4.334.166 puestos de trabajo. Lo que significa que un tercio total del mundo del trabajo español ha concertado también condiciones laborales a través de Convenios Colectivos. Constituye una preocupación al correr de este año el perfeccionar los conocimientos técnicos y la preparación del mundo del trabajo. España cuenta ya con 460 centros de Formación Profesional, de los que el Estado ha organizado 189; la Organización Sindical, 121; las Empresas privadas, 107, y la Iglesia, 43. Hermosa síntesis de la colaboración a una tarea de los distintos sectores de la Nación. Se constituyen, además en estos años cinco centros de Formación Profesional Acelerada, con una capacidad total de 1.178 alumnos por curso trimestral, y a ellos hay que agregar los 56 Institutos Agrícolas y los 81 Centros de Formación Industrial que mantiene la Obra Sindical.

En cuanto a la declaración del Fuero en lo que se refiere al crédito, hay que consignar las leyes que crearon el Servicio Nacional del Trigo, la del Crédito Agrícola, la del Instituto Nacional de Industria, la de préstamos a los pescadores, la de la Marina Mercante, la que limita los beneficios de la Banca, la del Crédito Laboral dentro del Mutualismo y otras importantes disposiciones más recientes, como la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca, la de nacionalización de los Bancos de España, Hipotecario y de Crédito Industrial; la creación del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo y el Banco de Crédito Agrícola.

La cooperación, impulsada por nuestro Sindicalismo, ha dado un salto de gigante: hemos pasado de poco más de mil Cooperativas que teníamos antes de nuestra Cruzada, a diez mil que tenemos en este momento. Las Mutualidades Laborales en la industria, en el comercio y en la agricultura, costeadas por los propios trabajadores, conceden prestaciones que ponen a cubierto con medios poderosos a los trabajadores de los riesgos más importantes, incluido el de la jubilación, constituyendo a la vez una fortaleza económica sin precedentes.

Aunque largo y profuso es este resumen de nuestra política social, valía la pena de hacerlo en esta fecha, ya que estos datos son la mejor prueba de que hemos aplicado todo nuestro esfuerzo a realizar material. mente aquellas promesas proclamadas el 9 de marzo de 1938. Esta es la mejor respuesta que podemos dar a quienes creen que puede haber vuelta atrás o regresiones.

Hemos de contar con que siempre habrá alguien empeñado en tergiversar los móviles de nuestra actividad política al servicio de la nación, tratando de descubrir cambios bruscos, rectificaciones y correcciones de rumbo, cuando el dinamismo de nuestra realización no podía darse sin una continuidad política que pone en nuestras manos los resortes de hacer en cada momento lo necesario, a fin de que las instituciones se correspondan con la realidad de cada instante. La presión de grupo y la improvisación han quedado descartadas, y si nuestra Constitución es abierta, por el respeto necesario a las instituciones jurídicas y políticas en el gobierno de un país, ¿cómo podría justificarse un anquilosamiento de nuestro organismo político público, que ha de ser sensible a la tarea y a los problemas de cada día?

Cuando abrimos el período de estabilización se dijo por algunos que cambiábamos violentamente el signo de nuestra política económica, pasando de la autarquía a la concurrencia, cuando lo que únicamente sucedió es que las circunstancias que nos habían obligado en ana primera etapa a valernos por nosotros mismos, con ocasión de la guerra internacional y la incomprensión externa, habían cambiado sustancialmente al recoger los frutos del plan de desarrollo de urgencia, que desde los primeros días de la guerra acometimos.

El mérito nuestro ha sido poner algunas de nuestras producciones en condiciones de competencia con un mundo desarrollado a gran velocidad, mediante una concurrencia política cifrada en ayudas fantásticas de dólares o rubios. Lo milagroso es haber hecho esto, lo que nosotros hicimos en la década de 1940 al 50, donde sentamos las bases de nuestra revolución industrial, iniciamos los programas de regadío y de repoblación, y promulgamos la legislación social básica, cuando ni la ayuda americana ni el turismo habían comenzado a gastar pesetas; era un compromiso de confianza entre un pueblo y un Régimen, que harían lo que hubiera que hacer con tal de no renunciar a una paz decididamente ganada, y a una convivencia política obtenida después de un largo periodo histórico de luchas y desavenencias.

No hemos pasado de totalitarios a liberales, porque no somos nada de ambas cosas. La causa verdadera de nuestra vigencia política es que en la inhabilitación de ambos sistemas tenemos tanta veteranía que, cuando los demás empiezan a programar un orden político, donde el Estado no usurpa la libertad del individuo y los grupos de presión de la sociedad tengan enfrente un Estado de bien común, nosotros contamos ya con las primeras experiencias de este nuevo orden, sabemos exactamente lo que nos falta por recorrer y lo que nos ha resultado superfluo. Por eso ahora en que nuestra economía, tras la década de 1950-60, entra en una tercera de consolidación y afirmación, lo hará en la medida que preveíamos y contribuirá a configurar definitivamente un sistema político basado: en la representación directa del pueblo en el poder político, a través de sus instituciones naturales, en la ordenada manifestación de las vocaciones políticas a través de las organizaciones del Movimiento; en un Estado con una organización activa, servicial y experta, y en una sociedad con igualdad de oportunidades, sin monopolistas del dinero o de la pobreza. Desde posiciones de bienestar, lucirá más una doctrina que nos ha hecho cambiar el signo catastrófico de nuestro país por otro ascendente y favorable, que se distingue por un aumento de la riqueza y una distribución de ella más equitativa, que, lógicamente, debe instaurar para siempre la paz social.
 

La reunión del Consejo Nacional con motivo de este XXV aniversario no significa que vayamos a cambiar de dirección. Ya hemos dicho suficientemente lo que es el Movimiento y lo hemos repetido en Burgos con ocasión de cumplirse los veinticinco años de mi exaltación a la Jefatura del Estado: que no podíamos entenderlo como una mera declaración de normas sustantivas y orientadoras, pues el Movimiento Nacional era «una doctrina, una organización, una disciplina y una Jefatura». En síntesis: el Movimiento, con sus principios elevados a Leyes Fundamentales, por cuyo estricto cumplimiento ha de velar este Consejo Nacional con sus órganos políticos y sus cuadros jerárquicos. Los principios constituyen la doctrina que incluye los factores unificadores y emocionales de la Cruzada; el que un cuarto de siglo de convivencia pacífica de los españoles ha adjetivado como estado de opinión; más las constantes históricas de nuestra conciencia de españoles, ya sin divisiones de grupos y comprometidos todos en un quehacer nacional. El Movimiento es una empresa común de todos los españoles, sin distinción de orígenes ni de afiliaciones, nutrido por las generaciones activas aparecidas en este cuarto de siglo. Verlo de otra manera es empequeñecerlo, reducirlo o sectarizarlo.

Es evidente para todo observador de buena fe que los patronos de la vida imperantes en España se ajustan a los más exigentes postulados morales de una convivencia que, en punto a civilización, no tiene nada que envidiar, y que las libertades públicas de nuestro pueblo están garantizadas por normas e instituciones de genuina extracción popular, normas e instituciones que no tenemos ningún interés en exportar, porque no nos anima ningún imperialismo ideológico, pero respecto de las cuales no vamos a hacer mercado, para ser satélites de ajenos diálogos, que no siempre ofrecen en su propio suelo los mejores ejemplos de paz y de bienestar. Por lo demás, ya hemos dicho que nosotros tenemos un sentido del Movimiento, un sentido que nos viene de nuestra larga y terrible lucha contra el comunismo, en la que hemos vencido por la fuerza sugestiva de una tradición social, respetuosa con la dignidad de la persona humana y que nos hace presentir que toda fórmula desintegradora nos pondría en las peores condiciones de viabilidad. Es ese sentido el que nos hace decir, que tan sólo concepciones similares a la nuestra, al menos en los países que no han superado una determinada barrera del desarrollo económico serán eficaces para frenar la subversión comunista y ,para impedir la implantación de estructuras totalitarias de estilo soviético.

Entendido el Movimiento como la estancia política en que el pueblo encuentra su normal reflejo: es el depositario de los fundamentos permanentes de nuestro ordenamiento constitucional; es la base para la renovación de energías, para la acción política del Estado, el medio idóneo para la formación del espíritu nacional de las juventudes y para la preparación y promoción a las responsabilidades políticas de las nuevas generaciones. Pero la organización política y administrativa del Movimiento es siempre una realidad sometida' a la erosión del tiempo y a las características y apremios de los problemas. El Consejo Nacional es quien, invitado por nuestro decreto de convocatoria para estas sesiones, habrá de estudiar, si para lo sucesivo, la Organización actual del Movimiento en sus aspectos de constitución, función y administración se corresponde con lo que el tiempo demanda, y confío en recibir, en este orden, los trabajos, sugerencias o estudios que aconsejen una preocupación por la eficacia de las tareas y por la globalización jurídica del Movimiento Nacional en su organización y Jefatura, dentro del marco constituyente de nuestras leyes. Por eso, al conocer que las recomendaciones del Consejo están inspiradas en esa inquietud y en esa sensibilidad, no he podido por menos que sentir una profunda satisfacción. Esas recomendaciones son la mejor prueba de que el Movimiento trasciende todas las circunstancias, superadas por nuestro propio empeño revolucionario, como trasciende también mi propia entrega personal a la misión que la Nación me ha confiado, y se afirma así, superando todo personalismo, vigorosa frente a las responsabilidades del futuro. Para cumplir estos fines, el Movimiento precisa una organización constante, anhelante del perfeccionamiento en sus estructuras, de la renovación de sus cuadros y del ensanchamiento de su base, pues todo ello es lo que puede ponerle a la altura de su misión.

Ya en 1938, aunque algunos puedan olvidarlo, decía en unas declaraciones a un periódico extranjero: «Nosotros crearemos la verdadera democracia, no lo que de democracia sólo tiene el nombre y que permite la explotación de los débiles por los fuertes; queremos construir una sociedad sana, una democracia que sea digna del hombre y le dé la conciencia de la dignidad de su Estado.»

Evidentemente, una democracia así entendida no era posible con un país empobrecido, ni con una clase trabajadora ya privada de la protección jurídica y material de que hoy disfruta. Eran .precisos unos años de sacrificio que nos permitiesen, con el esfuerzo de todos, rehacer una sociedad maltrecha, en la que, por ejemplo, en 1933 se perdieron por conflictos laborales más de catorce millones de jornadas de trabajo.

Era preciso experimentar una organización sindical que sólo en teoría conocíamos; era necesario restablecer la paz social y llevar al ánimo de los trabajadores y empresarios el convencimiento de que, con los adecuados cauces legales, era posible tratar de encontrar solución a los inevitables conflictos que nacen de apreciaciones diferentes sobre una misma realidad económica.

Toda nuestra labor se inclinó en esa dirección y al ritmo que las condiciones del supuesto se cumplían, fuimos arbitrando los medios para dar realidad a nuestro más importante empeño: solución negociada de cualquier conflicto posible, y participación directa del mundo del trabajo en la dirección política del país. Como véis, es enteramente torpe e inútil que se pretenda coaccionamos desde fuera e invitarnos con uno u otro pretexto, generalmente con intención malévola, a adoptar determinados patrones institucionales típicos de la democracia individualista e inorgánica.

A este respecto, es justo el recordarla repulsa que el pueblo español siempre sintió hacia la democracia inorgánica de los partidos políticos, puesta de relieve en diversas ocasiones a través de su historia. No tenemos más que recordar el entusiasmo popular con que en los tiempos modernos fue acogida la Dictadura del general Primo de Rivera, y lo que sucedió a los pocos años de implantada la República, que hubo de culminar en el Movimiento Nacional liberador. No era que el pueblo español rechazase los principios democráticos, enraizados en su ser siglos antes de que otras naciones los practicasen; sino que era la repulsa, el asco y el desprecio que le producían al ver suplantada su voluntad por la tiranía de los partidos políticos predominantes. Era justo el pronunciamiento de los españoles ante aquel sistema de democracia, que iba unido a todo nuestro triste pasado; que había suplantado todos los principios de participación popular en el Poder político y cuyos gravísimos resultados tenía a la vista.

Hoy tiene el pueblo español una conciencia tan certera de sus verdaderas soluciones políticas, y ha llegado a adquirir tal madurez frente al confuso caos ideológico de nuestros días, que esos monótonos cantos de las famosas sirenas democráticas ya no seducen a nadie. El pueblo tiene hoy una capacidad de juicio para el análisis de los verdaderos factores y supuestos del proceso político, que de ninguna manera puede ser ya engañado al hilo de retóricas pasadas, ni dejarse seducir por una metafísica de votos, que ignora los duros acondicionamiento s económicos y sociales de la realidad contemporánea. Hoy palpita en lo mejor de nuestras juventudes una intuición certera de que en el reloj de los tiempos ha sonado el fin de la experiencia individualista de una falsa democracia, de la proliferación anárquica de los partidos en la pugna ideológica, de las falsas filosofías de la economía, que ponen el bienestar y el progreso de la comunidad en el frenético egoísmo de cada uno, y la justicia social en la dialéctica. de la lucha de clases. Y sobre todo, lo que la juventud conoce es que hemos entrado en una fase de mutaciones históricas incalculables, y que sólo aquellos pueblos que sepan extraer de su propio genio político la fuerza creadora de soluciones que denominen el vértigo del tiempo, serán capaces de alumbrar formas de nueva democracia cara al mañana.

La doctrina y la obra del Movimiento, cuando se consideran en su verdadera profundidad y se miden por la pauta, no de tópicos de propaganda, sino por la más recta significación de los conceptos políticos, aparecen ante toda valoración objetiva como el proceso institucionalizador de un sistema social de derecho y como instauración histórica de las bases de una democracia de nueva planta, inspiradas en los principios más certeros de la tradición española y provistas da toda la agilidad de soluciones que requieren el dinamismo social de la época en que vivimos.

Aunque sólo fuera por la dura experiencia de estos veinticinco años, nosotros tenemos hoy clara conciencia de que la democracia, siendo, como es, un principio ideal de civilización, está muy lejos de poder ser un sistema institucional en concreto con validez para todos los tiempos, una especie de constitución política eterna.

La democracia es un principio de civilización de la cultura occidental, por cuanto es el ideal político que corresponde al sentido tradicional de la personalidad en que nos ha educado la religión cristiana, frente a otras religiones de la naturaleza y a otras filosofías de la materia, que se reciben políticamente en las doctrinas de la autocracia, para las que el poder político aparece, como el orden ciego de las leyes que rigen la materia, y que tienen hoy, precisamente en el materialismo histórico y dialéctico del mundo soviético su forma más terriblemente atea y de la formación seudocientífica más depurada; pero la democracia no es, no puede ser, una especie de código eterno de la política; si tal fuera, sería un signo vegetativo de inmovilismo histórico, que nos dejaría privados de toda agilidad para hacer frente a las duras exigencias que impone implacablemente el giro de los tiempos.

Los hombres de la segunda mitad del siglo xx, con dos guerras mundiales lacerando nuestra conciencia histórica, haciendo frente a la más terrible revolución materialista de todos los tiempos, sumergidos en un proceso de descomposición constante de ideologías, no podemos ser seducidos por esa ilusión ingenua de una constitución política gastada. La obra de nuestro Movimiento en este convulso cuarto de siglo es precisamente el ascenso hacia esa plataforma de lanzamiento de una gran solución política filosóficamente fundada, de eficacia indiscutible y a la altura de los tiempos.

La contextura masiva de la sociedad contemporánea impide una presencia constante del pueblo en forma política adecuada para dar expresión a la voluntad pública. Los partidos políticos nacieron precisamente de esa imposibilidad de gestión popular de la política cotidiana, y se instalaron en las instituciones representativas, adueñándose de sus resortes, convirtiéndose en superestructuras artificiosas, que usurpaban la verdadera voluntad de la comunidad y que servían de escabel a los profesionales de la política. La doctrina del Movimiento va, en su concepción comunitaria del pueblo, a buscarle en las células vivas de sus realidades más indiscutibles. Lo que es el pueblo, como presencia viva de la comunidad, se hace realidad patente en la familia, en el Municipio y en el Sindicato, como tantas veces hemos proclamado. El pueblo vive en la faena cotidiana de la Empresa, de la profesión, del trabajo, del comercio, del consumo. En esta empresa diaria susceptible de todas las codicias, es inevitable que entren en tensión los intereses contrapuestos. Pero justamente por ser de esencia a nuestra doctrina el primado de la ética sobre la economía, la subordinación del interés particular al bien común y la concepción social del conjunto del proceso económico, sin mengua de la función justa de la propiedad, hemos partido, desde los esquemas teóricos de las entidades naturales hasta las actuales estructuras representativas, buscando siempre la armonía regida por el principio del bien superior. A aquélla democracia formalista y gárrula, en que los representantes de los partidos suplantaban la voluntad del pueblo en favor de sus particulares intereses, y donde la representación, una vez lograda, se independizaba de sus electores, oponemos nosotros una representación más fiel de la democracia, en que por las cualidades de la representación, los mandatarios continúan íntimamente ligados al interés de sus electores.

Pero aun con ser tan fiel e íntima la representación, no nos bastaría si la función democrática no se practicase y los órganos a través de los cuales se ejerce la representación continuasen siendo organismos muertos o inútiles, como los de antaño. En que estos organismos sean vivos y opinantes está el que la democracia tome todo su vigor, y nunca la expresión democrática se muestra más clara que en esas reuniones naturales de concejo abierto en que se someten a plebiscito los asuntos. ¿Y qué otra cosa que un concejo abierto son esas reuniones de nuestros Congresos económico-sindicales de las provincias, alentados y mantenidos por nuestro Movimiento político, en que las representaciones genuinas de los pueblos: las Hermandades de Labradores, los representantes sindicales, los técnicos de la Administración, las entidades culturales y cuantos puedan tener una opinión, se reúnen, estudian, concretan y elevan al Poder Público sus conclusiones respecto a sus problemas y al progreso y bienestar de sus respectivas provincias? Yo, desde esta tribuna pública, proclamo lo valioso y sincero de esta profunda colaboración popular a la obra de gobierno.

Por todo esto, mirando al futuro, aspiramos a conseguir la más legítima y auténtica representación de los intereses laborales en la escala sindical y en la Nación. Pretendemos hacer realidad el que en las más importantes decisiones políticas del país participen los representantes legítimos del trabajo. Queremos potenciar al máximo la presencia del Sindicato en la vida toda de España.

Por otra parte, hemos podido devolver al pueblo comunitariamente integrado su capacidad de decisión formal ante las opciones supremas. La Ley Fundamental de 22 de octubre de 1945, que institucionaliza el referéndum, refiere a la consulta directa de la Nación la decisión sobre las leyes de mayor trascendencia y sobre los asuntos de máximo interés público. Ahora, cuando esta institución, que elimina del maquinismo democrático toda intermediación artificial, vuelve a recuperar para la filosofía política europea su pureza genuinamente democrática, no creo que, establecida ti entre nosotros hace más de quince años, se nos pueda también acusar de mimetismo, ni dejarse de tener en cuenta que, concebida como está con el fin de garantizar a la Nación contra el desvío de los gobernantes y como procedimiento legal al que está reservada la revisión constitucional de nuestras Leyes Fundamentales, pueda extrañar a nadie que pongamos en ella, en cuanto expresión suprema de la voluntad de la Nación, la clave del arco de la seguridad política de nuestro orden político.

La previsión de nuestro Movimiento ha hecho posible, en efecto, que cuando en el mundo occidental el Estado liberal hace crisis frente a la demanda de justicia social, reclamada por las masas obreras y no sabe por dónde salir, nosotros contamos con un instrumento sindical que, libre de presiones políticas, es capaz, con los perfeccionamientos que sea necesario introducir, de representar los intereses y las opiniones del sector más numeroso e importante de la nación.

En el incierto futuro que aguarda al hombre de nuestros días, España cuenta con la seguridad de aportar .un concepto moderno y actual del Estado, en el que el hombre, libre de condicionamientos materiales, puede gozar de una auténtica libertad, sólo limitada por la norma prudente que garantiza la pacífica convivencia de los españoles.

En este concepto de la libertad tan explotado por la demagogia, hemos de diferenciar la verdadera libertad de la tiranía que se disfraza con la máscara de la libertad. ¿Qué libertad cabe para el hombre analfabeto, esclavizado por la incultura o la miseria, explotado por los más dotados o poderosos? No cabe libertad sin autoridad, sin elevación moral y material de los hombres, sin el imperio de una ley moral. Se ha especulado mucho en el exterior contra nuestro Régimen acusándole de falta de libertades, precisamente por defender la libertad del hombre ante la coacción del poderoso. Así ocurre frente a nuestra legislación sobre las huelgas, cuando éstas imprimen graves daños a la economía de la nación y, poniendo en peligro la existencia de las Empresas, perjudican el bien común y dañan más a las clases menos dotadas. En la mayoría de los casos las huelgas constituyen una coacción intolerable sobre la mayoría de los trabajadores, que la repudian y que suelen mantenerse por la acción coactiva de los piquetes de huelga.

La huelga podría constituir un derecho legítimo dentro de aquel viejo Estado liberal que se inhibía en las lucha de clases, en que no cabía dejar desvalidos a los menos dotados frente a la voluntad omnímoda de la empresa; pero es que la huelga en sí atenta contra la libertad de los otros sectores y contra la propia vida del pueblo, dejándole sin suministros o privándoles de los servicios. La verdadera libertad para nosotros descansa en que nadie pueda ser coaccionado por minorías encumbradas en puestos directivos, obedientes en muchos casos a poderes extraños.

Si la justicia es un símbolo de la civilización y todas las diferencias se someten hoy, en los pueblos civilizados, a la resolución de los jueces, ¿cómo en problemas que tanto afectan a la paz y a la libertad y al bienestar general pueden dejarse abandonados a la lucha primitiva entre las partes?

Cuando el Estado tiene un significado eminentemente social, como le pasa al nuestro, ha creado los órganos de conciliación y arbitraje, y posee una magistratura independiente en sus distintos grados, para resolver los conflictos, no puede perdurar aquel sistema de la acción directa y de la justicia por la mano.

Así lo vienen reconociendo los hombres responsables de los distintos países al ver gravemente amenazado el bien general por las huelgas revolucionarias y aniquiladoras, regidas en gran parte de los casos por ti el partido comunista al servicio de Moscú, con ánimo de destruir el progreso económico del Occidente. Si los sistemas de conciliación y justicia no se considerasen suficientes, cabe siempre su mejora y perfeccionamiento. Para ello se encuentran abiertos los cauces con los Jurados de Empresa y la Organización Sindical para colaborar con los poderes públicos en su solución. La trascendencia de nuestros sistemas políticos se acusa en la saña con que le combaten las organizaciones comunistas desde el exterior y los millones que consumen en su propaganda y compra de agentes, así como en el empeño que ponen en extender por el exterior la ficción de una España inestable, tiranizada y odiada por el pueblo. Es paradójico que haya todavía tontos que crean en el comunismo, que mientras fomenta fuera de las fronteras la indisciplina y la subversión, dentro tiraniza, encadena y esclaviza a sus trabajadores. ¿Qué otra cosa es el «telón de acero» y esa «muralla de la vergüenza» que ha tenido que levantar para que no se escapen?

Ellos nos recuerdan a cada paso que, pese a nuestra buena voluntad, nuestra lucha contra las fuerzas del mal que atenazaban España, masonería y comunismo, no ha terminado, que el enemigo no cesa en sus propósitos y que la expansión de la filtración comunista es tanta que incluso alcanza a organizaciones mundiales que se llaman cristianas. El problema no es de hoy, es de toda la vida. En todas las épocas de plenitud y de resurgimiento españoles se levantó contra nosotros la leyenda negra.

Sin embargo, en el balance general de la situación política frente al exterior, pese a la difamación organizada por el comunismo, España encuentra cada vez mayor comprensión entre el público sensato y de "buena fe de los diversos países. Nuestra verdad se abre paso, y los millones de turistas que nos visitan vienen dando fe en sus países de la realidad de la vida española.

Nuestro ideario político no es una abstracción doctrinal, sino que ha de satisfacer a los anhelos espirituales, económicos y sociales de la Nación. De su bondad ha de juzgarse por sus realizaciones y por su eficacia; sin embargo, estas realizaciones del orden social exigen un paralelo progreso económico: sin el cual no podrían llevarse a cabo. Este progreso económico no depende solamente de los factores nacionales, pues ha de subordinarse a las leyes económicas generales del mundo en que nos integramos, que condicionan en gran parte nuestra libertad de acción.

Por eso, al juzgar de nuestra obra, no puede hacerse examinándola separadamente del mundo en que nos movemos y de la situación en que ha tenido lugar. Si no respetásemos las reglas del juego económico internacional, y por anhelos revolucionarios pretendiéramos quemar etapas en materia tan delicada, peligraría todo lo conseguido y destruiríamos la confianza: el crédito sobre el que se basa toda la vida económica.

Esto no quiere decir que nuestro ideario no se realice, sino todo lo contrario: que para realizarlo hemos de subordinarnos en su marcha a los imperativos de lo económico. La mayoría de las revoluciones que en este mundo han fracasado lo han sido por la impaciencia y la subversión frente a los principios de un orden económico. Pero, por otra parte, ¿es que no vamos de prisa? Desde luego, podrá parecer lenta la marcha a los que, desconocedores de la realidad, sin responsabilidad nos contemplen; pero no así a los que serena y objetivamente nos estudien y observen.

Pretenden nuestros adversarios desde fuera el explotar contra el Régimen español la situación que secularmente España padece, y el bajo nivel social de algunos sectores del país, consecuencia directa de su débil estructura económica, que pretenden atribuimos, y que pertenece a la herencia que recibimos del abandono del siglo y medio liberal, y que, con gran empeño, desde hace veinticinco años, venimos transformando; lo que no hubiera podido realizarse sin la existencia de un Movimiento político y una doctrina, que hemos llevado a los ámbitos de toda la Nación.

En este orden existe un punto en que, por su gravedad y trascendencia, me detendré unos momentos, y es el relativo a nuestra acción social en el campo.

La situación del campo español es una triste herencia de los siglos que nos precedieron. El reformar sus viejas, míseras e injustas estructuras constituyó nuestro empeño desde la primera hora. El primer paso que la situación nos imponía era el de restablecer la normalidad de la producción, arruinada por las depredaciones rojas, indispensable para la materialidad de la alimentación de nuestro pueblo. De ella dependía nuestra propia existencia.

El que una mitad sensiblemente de la población española pesase sobre la agricultura había que sobrellevarlo; la industrialización no podría absorber en muchos años los excedentes de población; se necesitaba el darles empleo creando trabajo en el campo que los absorbiese en la época en que las labores agrícolas no los utilizase, ya que por el atraso de la mecanización de la agricultura se requerían sus brazos en las épocas de recogida de cosechas y de otras faenas campesinas.

La aridez de nuestros secanos y las características de nuestro clima nos aconsejaron desde la primera hora el cambiar el signo de nuestra agricultura, empeñándonos en la gran tarea de embalsar nuestros ríos e irrigar nuestros valles. El sueño de los grandes pensadores españoles iba a tener una realidad, pese a las dificultades acumuladas en nuestro camino; pero hoy podemos ya mostrar con orgullo las realizaciones de nuestros grandes y pequeños regadíos, de que tanto los españoles se enorgullecen.

Los monocultivos que en tantas regiones padecemos la reducida extensión de las propiedades, en la mayoría de los casos; la atomización de las parcelas, la degeneración, por abandono, de las especies ganaderas; la pobreza y la ignorancia del campo, males todos de una triste herencia, han sido acometidos, como habéis podido escuchar en sesiones anteriores, y mejorados en la medida de lo posible por el gran número de disposiciones tomadas. ¿Qué otras reformas sociales cabían sobre el área inmensa de nuestro secano que no nos condujesen al fracaso y a destruir su ya menguada producción? De nuestro secano puede decirse que no son los hombres los dueños de la tierra, sino la pequeña propiedad de la tierra la que sujeta y esclaviza a los hombres.

La única reforma agraria que en nuestra Patria cabe está en el inmenso campo de la transformación de los secanos en regadíos, que permitirán asentar, asegurándoles su futuro, hasta cerca de un millón de familias campesinas, lo que a su vez nos facilitará la racionalización progresiva del restante campo de secano, mediante la concentración parcelaria, los alumbramientos de aguas por los pequeños regadíos, la formación de pastizales y la mejora e intensificación ganadera, que hagan rentables, en el futuro, sus empresas agrícolas.

Como veis, las líneas maestras están trazadas y en camino de franca realización, y su ritmo va a ser impulsado en el grado máximo con el nuevo Plan de Desarrollo, que nos permitirá en el menor número de años una transformación óptima de la situación de nuestro campo.

En esto, como en todo, triunfó el sentido creador de nuestro Movimiento, al forjar los instrumentos para su realización, cuya eficacia puede apreciarse ya sobre nuestra geografía, en los pueblos nuevos y sus huertos frondosos que están cambiando el paisaje de nuestra Nación.

He querido detenerme un poco más en el bosquejo de las reformas del campo español, por sentirnos con fuerza y potencia para corregir en pocos años el abandono de siglos.

Hecha esta afirmación, volvemos a nuestro tema: hoy nos hemos reunido para conmemorar la promulgación del Fuero del Trabajo en el mundo trabajador, pues, el que de un modo primordial debe preocuparnos, y dentro de él, la Organización Sindical, que es su expresión corporativa. Quisiera afirmar, para precisar mi pensamiento, que la Organización Sindical, que recoge en su seno la inmensa fuerza de los sectores laborales españoles, tiene hoy en España, y ha de tener en el futuro aún más, un peso decisivo tal, que en gran parte el futuro de la sociedad española dependerá de la trayectoria y sentido de responsabilidad que esa fuerza sindical adopte. Al conmemorar hoy el XXV aniversario de la proclamación del Fuero del Trabajo, podemos nosotros sentimos satisfechos de las realizaciones conseguidas de los instrumentos que fuimos capaces de crear y de la plenitud a que ese texto legal ha dado Jugar. Pero nuestra satisfacción no nos exime de la responsabilidad que significa el deber de cada día: tratar de perfeccionar unos instrumentos que por haber sido concebidos hace un cuarto de siglo pueden hoy, en algunos aspectos, haber perdido parte de su efectividad. Las modificaciones que se han producido en España a lo largo de estos años y el indudable mejoramiento del entramado social de nuestro país han producido hoy una vigorosa realidad social, distinta y mejor que la que existían hace treinta años. Esa realidad justifica, por el solo hecho de ser como es, el éxito de nuestra gestión; pero impone en la hora presente un detenido análisis, que permita conocer con precisión las corrientes de opinión y el sentimiento que predomina en el pueblo español.

Señores Consejeros: El Estado que nace en España en julio de 1936 está alcanzando en nuestro días la plenitud de su forma, está cristalizando en sus instituciones y está presenciando el florecer de una España nueva, que, tras los años de lucha y sacrificio, emerge de su Historia más justa, más noble y mejor. Responsabilidad de todos será que en el futuro no se marchite el nuevo amanecer.

¡Arriba España!


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© Generalísimo Francisco Franco. Noviembre 2.003 - 2.006. - España -

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