Se ha publicado que el Fiscal
General del Gobierno, ha ordenado una investigación para determinar
si el Partido Comunista de las Tierras Vascas utilizó en las
pasadas elecciones al Parlamento Vasco, interventores de Euskal
Herritarrok, la sucesora de Batasuna- Eta. En realidad, como muy
bien afirma el Sr. Zaplana, es una auténtica tomadura de pelo a los
españoles, - una más de tantas -, porque a pesar de negar que
hubiera pruebas para ilegalizar al citado Partido, el Gobierno
conocía la existencia de las mismas desde el pasado día 10 al
tener en su poder un informe elaborado por la Guardia
Civil que acreditaba la relación existente entre el Partido
Comunista de las Tierras Vascas y el conglomerado ETA-Batasuna.
Informe que se ha ocultado a la opinión pública.
Como el asunto ya " huele
mal ", al haber aparecido informaciones periodísticas que
vinculan al entorno de ETA con el citado Partido Comunista, entra en
escena Conde Pumpido para tratar de salvar la nefasta imagen de
pasividad y dejación de funciones puesta de manifiesto tanto por
Zapatero como por el Ministro de Justicia y el propio Fiscal
General, con el aplauso complaciente del denominado Alto Comisionado
para las Víctimas del Terrorismo.
Cuando se han consumado la
desvergüenza y el retroceso en la lucha antiterrorista, al haber
permitido que hayan sido elegidos nueve miembros del entorno etarra
para formar parte del Parlamento Vasco, con la consiguiente inyección
de fondos y subvenciones públicas para ETA y su entorno, - dinero
cuyo destino ya sabemos cual será -, que hasta ahora se habían
podido impedir con la Legislación vigente, no actuar
inmediatamente, permitirá a los electos tomar posesión de sus escaños.
Por lo que parece, no se va a
plantear la ilegalización con la celeridad y rapidez que el caso
requiere, lo que racionalmente invita a pensar que todo va a quedar
en " agua de borrajas ", en un " brindis al sol
", porque no existe un auténtico propósito de verificarla, máxime
cuando se echa el tiempo encima y Conde Pumpido se lo toma con toda
tranquilidad, sin prisas. Porque promover la ilegalización " a
posteriori ", durante la nueva legislatura, la hará ineficaz a
efectos prácticos ya que conducirá a reproducir la situación
vivida en la anterior, cuando la mayoría de la Mesa del Parlamento
Vasco se negó de forma contumaz a cumplir las resoluciones del
Tribunal Supremo que ordenaban la disolución del grupo
parlamentario etarra.
El tema es gravísimo en
cuanto implica una burla al Estado de Derecho, una vez más puesto
en entredicho por ETA y que de seguir así, se va a convertir en un
recuerdo del pasado, por cierto con la cómplice pasividad de ZP.
