La aprobación que pretende el Gobierno socialista de los
matrimonios gay es sólo una forma de desfigurar la institución
familiar formada por hombre y mujer desde el principio de los
tiempos. Se trata de una ley radical que se pretende aprobar sin
diálogo, y en la que han mostrado su disconformidad gran parte de
la sociedad civil y las iglesias católica, protestante, ortodoxa
y la confesión judía, además de los informes contrarios del
Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, más
la entrega de 500.000 firmas de ciudadanos. El niño,
además, tiene derecho a la referencia paterna y materna como vínculo
natural. Dos papás o dos mamás, por muy buenos que pudieran ser,
biológica y afectivamente están falto de esa
complementariedad.
El colmo del pensamiento único sectario que pretende el
Gobierno de Rodríguez Zapatero y sus allegados políticos es
amenazar, como hizo el ministro Alonso, a los que tuvieran
obajeción de conciencia a la hora de casar homosexuales, o como
el diputado de la Junta Aragonesista, José Antonio Labordeta, que
propone en el Congreso que se tipifique como delito la negativa a
celebrar bodas entre personas del mismo sexo.
Las parejas homosexuales que piensan "casarse"
constituyen un 0,08 por ciento de la población española. No se
puede jugar con la institución matrimonial como lo hace el
Gobierno, desoyendo las voces contrarias.
