Treinta y seis años después, lo que en su momento consideró la izquierda (PSOE, PCE, PNV y ERC) una iniciativa democrática ideada por un grupo de inquietos y comprometidos jóvenes que se reunían en las sacristías de muchas iglesias vascas, se ha convertido en el problema más inquietante de España.

Olvidémonos por un instante, siquiera para hacer esta reflexión, que a ETA se la dejó matar durante diecinueve años (1976-1995). Pasemos por alto que a muchos de sus asesinos se les amnistió, excarceló y perdonó sin razón aparente, incluso que se ha premiado a algunos de ellos con la más alta condecoración del régimen, la Medalla al Mérito Constitucional. Corramos un tupido velo respecto de cómo se ha actuado con su mundo político, el llamado "nacionalismo vasco democrático": instigadores, cooperadores, cómplices y encubridores. Y después de este ejercicio de amnesia colectiva centrémonos en el actual escenario vasco, no tanto por lo que echemos en falta, a tantos compatriotas asesinados, como por lo que puede pasar a partir del próximo 21 de octubre, donde todos los sondeos señalan que las elecciones autonómicas darán el poder a los independentistas dentro del contexto en que el separatismo adquiere cada vez más fuerza, hasta el punto de que una gran mayoría de españoles (71%) piensa que el Vascongadas terminará por independizarse. 

Por eso, porque estamos sin alternativa legal para intervenir por más que se empeñe en hacernos ver lo contrario el Delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, que pide a las víctimas y a la sociedad "tranquilidad y confianza en el Estado de Derecho", ha llegado la hora de que quienes tienen por mandato constitucional la defensa e integridad de la Patria intervengan o callen para siempre.