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Actualizada: 19 de Octubre de 2.009.  

 
 
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 Lucharon por la democracia y la libertad.


Los rojos del Frente Popular se fusilaban entre ellos.

 Por Eduardo Palomar Baró. 




Dentro de los innumerables asesinatos que cometieron los rojos durante la Guerra Civil española de sacerdotes, monjes, monjas, militares sospechosos, personas de derechas, estudiantes,  propietarios, comerciantes, industriales, directores de empresas, practicantes religiosos, políticos conservadores etc. etc., destacan los fusilamientos que ejercieron entre ellos mismos, como en los tristemente funestos “Hechos de mayo de 1937” acaecidos en Barcelona –una verdadera guerra civil dentro de la guerra civil–, las rivalidades en los frentes entre anarquistas, comunistas, socialistas y nacionalistas, que se resolvían a tiro limpio, depuraciones realizadas en el seno de las Brigadas Internacional, al frente de las cuales se destacó el sanguinario André Marty, donde practicó una gran represión, en uno de los muchos capítulos de las matanzas internas que ensangrentaron la más que cruenta Historia del Frente Popular, la inclusión en las checas y cárceles que ejercían los ‘antifascistas’ contra sus propios camaradas. Las llamadas milicias populares que el Gobierno de la República armó y que inmediatamente habrían de desbordarle, no se detuvieron en la eliminación violenta de sus enemigos políticos, ante los republicanos históricos.

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En febrero de 1937, un grupo integrado por dieciocho jóvenes milicianos republicanos, huyeron de las tropas de Franco, que ya habían tomado Málaga. Se dirigían a Almería –a la conocida entonces como la ‘zona roja’–, pero su viaje no llegó a buen término, ya que fueron encontrados por el batallón de fusilamiento que los buscaba, dándoles de cenar “patatas fritas hasta saciarse”.

Casi todos eran menores de 30 años. Fueron fusilados y enterrados en una fosa común en Melegís, en el valle de Lecrín (Granada). La zanja donde ha sido hallada la fosa tiene una longitud de 10,5 metros y una profundidad de entre 1,50 y 1,75 metros cuadrados.

Los cuerpos los situaron unos sobre otros y con capas de cal entre cada uno de ellos. Los restos, encontrados, después de setenta y dos años, detectan balas en los cráneos de los represaliados, indicativas al recibir el ‘tiro de gracia’, al no haber muerto cuando cayeron en la zanja. También se han hallado objetos que llevaban en el momento de su muerte, como calzado, insignias militares y hasta cuatro monedas de uno de los milicianos que llevaba en su bolsillo y una cuchara doblada para llevar asida al cinturón.

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Desde febrero a mayo de 1937 cayeron asesinados en Madrid y sus alrededores, por los procedimientos de las checas organizadas por los rusos, más de ochenta miembros de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

El 7 de enero de 1937, denunciaba Solidaridad Obrera de Barcelona, que en Mora de Toledo habían sido asesinadas 60 personas, hombres y mujeres que pertenecían a la CNT, y que no habían cometido más delito que el de condenar a los comunistas sus métodos de terror y de sangre.

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El enfrentamiento entre comunistas y anarquistas iba creciendo sordamente en el interior de la España republicana, estallando a primeros de mayo de 1937 en Barcelona. El sector llamado “Los amigos de Durruti” declaraba abiertamente su propósito de sustituir al “gobierno burgués de la Generalidad de Cataluña” por una Junta Revolucionaria, junta compuesta por obreros de la ciudad, del campo y por combatientes.

El 3 de mayo de 1937, el Comisario de Orden Público de la Generalidad, Eusebio Rodríguez Salas, de acuerdo con el Consejero de Seguridad Interior, Artemio Aiguadé, de Esquerra Republicana, ordena a la guardia de asalto tomar el edificio de Telefónica, centro de las comunicaciones en poder de la CNT. Los guardias ocupan la primera planta y desarman a los milicianos que la custodiaban. La CNT protesta formalmente y pide la destitución de Aiguadé y Rodríguez Salas, pero la Generalidad se niega. Los guardias intentan tomar todo e edificio, pero los anarquistas les cierran el paso con una ametralladora. La noticia se extiende por toda la ciudad. Los anarquistas se lanzan a la calle con el respaldo del POUM. Barcelona se cubre de barricadas. La Generalidad pide refuerzos a Madrid, pero Largo Caballero no interviene.

El 4 de mayo de 1937, Nin, Gorkin y Andrade del POUM convocan a los “Amigos de Durruti” en el Hotel Palace, para examinar la situación. Dado que la dirección de la CNT no respalda el movimiento, éste no tiene posibilidad alguna. Los insurrectos acuerdan organizar una retirada de los combatientes, pero conservando las armas. La jornada del 4 de mayo se salda con 74 muertos.

La posición de los insurrectos cambia por completo el día 5 de mayo, distribuyendo por las barricadas una octavilla de los “Amigos de Durruti”, aprobada por el POUM, con el siguiente texto: «¡Trabajadores! Una Junta revolucionaria. Fusilamiento de los culpables. Desarme de todos los Cuerpos armados. Socialización de la economía. Disolución de los Partidos políticos que hayan agredido a la clase trabajadora. No cedamos la calle. La revolución ante todo».

El presidente de la Generalidad Luis Companys, acosado, nombra un gobierno provisional para resolver la crisis. El nuevo consejero de Defensa, Antonio Sesé, secretario general de la UGT y líder del PSUC, es asesinado por disparos anarquistas cuando se dirige a tomar posesión de su cargo. Ese mismo día 5 de mayo mueren los anarquistas italianos Camillo Berneri y Franco Barbieri, así como Francisco Ferrer, nieto de Ferrer y Guardia. También es gravemente herido el coronel Escobar, recién nombrado jefe de orden público, cuando llega a la Ciudad Condal.

La jornada del 5 de mayo de 1937 provoca un mínimo de 55 muertos. Los militantes de la CNT abandonan el edificio de Telefónica, que es inmediatamente ocupado por los guardias, encargándose del servicio telefónico los militantes de la UGT. El Gobierno de Madrid coloca en Barcelona más de 12.000 hombres entre guardias de asalto y carabineros.

El 6 de mayo, con la rebelión sofocada, aún habrá 42 muertos. Según la dirigente anarquista Federica Montseny, el número total de muertos durante los “hechos de mayo” ascenderá a 400, más un millar de heridos.

Durante el mes de junio de 1937, el Gobierno del Frente Popular, ya claramente bajo presión comunista, aniquila a los sectores del propio ejército que estaba en manos del POUM y de los anarquistas, todos ellos en el frente de Aragón. El 29 de julio se desarma a la división 29 del POUM en el frente de Huesca y el 4 de agosto se aprueba el decreto que disuelve el Consejo anarcosindicalista de Aragón.

En Barcelona, la policía emprende la persecución más cruenta contra el POUM. El nuevo jefe policial es, desde mayo, Ricardo Burillo Stholle, militar de carrera y masón, que fue el jefe de los guardias de asalto que mataron a José Calvo Sotelo, y que ahora ha ingresado en el Partido Comunista de España. Por indicación de Alexander Orlov –enlace del NKVD (policía secreta soviética) con el Ministerio de Interior de la Segunda República de España y responsable del lado soviético, en el traslado del Oro de Moscú desde España a la Unión Soviética–, los policías de Burillo detienen al líder del POUM, Andrés Nin. Llevado primero a Valencia y después a Madrid, Nin será torturado, desollado, desmembrado y, finalmente, asesinado en Alcalá de Henares, el 20 de junio de 1937, por los chequistas de Orlov.  

 

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El empleo del terror y la violencia en el seno del Ejército Popular, supuso la muerte –sin ninguna formalidad previa– de un número imposible de precisar de soldados movilizados. También destacó la participación de las autoridades en una represión que alcanzó gran virulencia entre 1937 y 1938.

Los métodos de intervención eran muy diversos:

La jurisdicción castrense.

Un organismo nacido para la investigación y vigilancia de todo el personal militar: Servicio de Investigación Militar (S.I.M)

La extensión de responsabilidades a los parientes.

La labor de las instituciones civiles queda reflejada en una circular del Gobierno Civil de Badajoz, de noviembre de 1937, con Instrucciones a las fuerzas de seguridad, Agentes de la Vigilancia y autoridades locales, que en uno de sus puntos haciendo referencia a las movilizaciones, decía: «Entrará también, sin descuidarlo en ningún momento, en esta labor de fiscalización de aquellos individuos que componen las quintas llamadas a filas y no lo hayan efectuado con la debida diligencia. Asimismo todo lo que sea resistencia pasiva, saboteo disimulado o falta de cooperación indispensable en todos los órdenes».

La actuación directa sin sujeción a norma que se vio ratificada legalmente, el 25 de marzo de 1938, cuando se llegó a otorgar a los Comisarios autorización «tanto para degradar como para suprimir físicamente a aquellos mandos enemigos declarados del régimen».

 

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La 84ª Brigada Mixta del Ejército Popular, durante trece días puso asedio al principal reducto nacional de la capital turolense, donde se defendía el coronel Rey D’Harcourt, que en la noche del 7 de enero de 1938 salió de su puesto de mando para ofrecer su rendición al jefe de la 84ª Brigada Mixta, el mayor de milicias Benjamín Juan Iseli.

Esta Brigada llevaba ya un mes combatiendo, en ocasiones bajo temperaturas de 20 grados bajo cero. El 15 de enero de 1938 fue retirada del frente, en cumplimiento de una promesa del mando, como recompensa a su valiosa actuación, a descansar a retaguardia en el acuertelamiento del convento de la población de Rubielos de la Mora, a unos 55 km. de Teruel.

Habían sufrido considerables bajas, más de una cuarta parte de sus efectivos. Apenas cumplidos tres días de aquel permiso tan esperado, el 19 de enero de 1938 se les da la orden de volver al frente, como consecuencia del ataque de los nacionales, y los soldados de la 40ª División correspondientes a los batallones primero y segundo de la brigada “Largo Caballero” y “Azaña”, respectivamente, se negaron.

El teniente coronel de Carabineros, Andrés Nieto Carmona, al frente de la 40ª División, mandó la ejecución de tres sargentos, doce cabos, treinta soldados y un tambor, en la madrugada del 20 de enero de 1938, en el pinar de Piedras Gordas, cercano a Rubielos.

 

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Esta unidad, de carácter anarquista, fue formada sobre la base del batallón “Spartacus” y diversas milicias andaluzas y extremeñas, cuyos oficiales eran en su inmensa mayoría reos de delitos comunes, habiendo cumplido condena algunos de ellos, en el presidio de Puerto de Santa María.

Las milicias que dieron origen a esta Brigada habían ya cometido toda clase de tropelías, en su huída ante el avance del Ejército nacional, por todas las localidades por donde fueron pasando hasta llegar a Madrid.

La Brigada hizo sus primeras armas en el frente de Madrid, en el llano de Comillas y Opañel frente a Basurero, a las órdenes del coronel Prada, cuando mayor presión ejercían las tropas nacionales sobre la capital de España. De hecho, retrocedieron hasta perder el Basurero o Cerro Blanco. Aquí, el comandante José Sabín Pérez, destacado anarcosindicalista de Carmona (Sevilla), se encontró con el teniente coronel Julio Mangada Rosenhorn, un pobre viejo, –había nacido en Sancti Spiritus (Cuba) en 1877–, al que sus tropas habían dejado solo en la carretera de Toledo, y que lleno de rabia, maldecía y juraba, con lágrimas en los ojos, la cobardía y la falta de coraje y disciplina de las malditas almas que le habían tocado mandar

Los asesinatos perpetrados en esta Brigada pasan de mil, habiéndose dado el caso de que, al incorporarse un reemplazo llamado por el Gobierno rojo, y de cuyo reemplazo fueron destinados a la 77 Brigada Mixta muchos catalanes, fueron asesinados en dos meses unos doscientos, por lo cual tuvo que ser reorganizada la Brigada sin haber entrado en combate, alarmándose los propios mandos militares rojos, que amenazaron con disolver dicha Brigada.

Del Frente de Madrid, pasó al Frente de Jarama en el Pingarrón donde relevó a la 70 Brigada Mixta que mandaba Carlos Sans y de la que era comisario su hermano Eusebio. Este relevo fue un verdadero desastre. Si los nacionales hubieran estado preparados para atacar en aquel frente, hubiesen llegado las tropas del Frente Popular hasta Valencia. Había llovido con intensidad, cuando llegaron las tropas de la 77 Brigada al cortijo denominado Casasola, a unos cuatro kilómetros del frente. Nada más ver los soldados de los batallones de la 70 Brigada la llegada del relevo, de forma precipitada, salieron de sus trincheras y tirando los fusiles en montón sobre el fango, se pusieron a correr hacia los camiones que habían quedado en Casasola. Cuando los nacionales se dieron cuenta de que se hacía el relevo empezaron a disparar, contestando los hombres de la 77 Brigada con fusiles embarrados y ametralladoras llenas de humedad. En Casasola estaba el Estado Mayor de la División, de juerga y borrachos. Y al frente de la misma se hallaba Líster…

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Durante la ofensiva sobre Segovia y La Granja de San Ildefonso, a finales de mayo de 1937, fueron fusilados en la misma línea de combate, sin juicio alguno, cinco brigadistas de la compañía disciplinaria de la 35º División Internacional en los pinares del río Eresma.

Estas ejecuciones fueron debidas a una decisión salvaje del capitán Duchesne de la XIV Brigadas Internacionales. Ante la incapacidad de sus hombres para alcanzar los objetivos designados en el cerro del Puerco ante el pueblo de Valsaín, Duchesne eligió a cinco soldados al azar, a quienes descerrajó un tiro a la nuca; con la mano izquierda los cogía por el cuello y con la derecha  disparaba. El quinto quedó sólo herido agarrándose fuertemente a las piernas del capitán. El comisario político Bidet le derribó en tierra y allí le saltó la tapa de los sesos. A pesar de la dureza del castigo, la capacidad combativa de los brigadistas no se vio aumentada.

 

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El militar polaco Kart Swierczewski, que en España utilizó el pseudónimo de “general Walter”, el 1 de junio de 1937 recibió la orden de conquistar Valsaín y La Granja y mantener el control sobre Cabeza Grande, pero no consiguió ninguno de estos objetivos. A mediodía, la LXIX, martilleada por la aviación enemiga, se vio obligada a abandonar Cabeza Grande. La noticia encolerizó a Walter, que ordenó que se llevaran a cabo las medidas disciplinarias más despiadadas. Estas incluyeron desde apaleamientos a fusilamientos sobre el terreno.

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El jefe de la XIV BI, el teniente coronel Dumont, en la ofensiva de La Granja, se vio obligado a tomar medidas drásticas para mantener el orden en la unidad y acabó recurriendo a los fusilamientos, que se sucedieron con una periodicidad prácticamente semanal.

A la desmoralización y relajación de la XIV Brigada Internacional, se unía el hecho de que contaba con una denominada Compañía de pioneros formada sobre la marcha como unidad de carácter penitenciario. A la citada Compañía fue enviado el deshecho de otras unidades brigadistas, lo que significaba fundamentalmente un porcentaje considerable de cobardes, alcohólicos y delincuentes.

La indisciplina no era solamente un hecho atribuible a la tropa de la XIV Brigada Internacional, sino también a sus mismos mandos, los cuales no obedecían las órdenes con las que no estaban de acuerdo. Cuando se ordenó a las unidades que marcharan de noche con los faros de los camiones apagados para no frustrar el factor sorpresa de la ofensiva, el propio Dumont se negó a obedecer. Alertado el enemigo por la luz de los faros, rápidamente emplazó un par de baterías, que batieron el cruce de carreteras que iba de Villalba a Navacerrada y Guadarrama.

 

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En el enfrentamiento en Brunete, en la noche del 26 de julio de 1937 surgió otro conflicto de disciplina relacionado con los interbrigadistas de la XIII BI, cuyos combatientes polacos estaban especialmente afectados por la disolución, sin explicaciones, del Partido Comunista de Polonia, acusado en bloque de “trotskista”,  por el Komintern. En esa jornada se ordenó su relevo, pero al producirse la desbandada de las unidades que sustituyeron a los brigadistas, estos recibieron nuevamente la consigna de regresar al frente. Cuando uno de los soldados se negó a obedecer la orden, Vincenzo Bianco “Krieger” respondió levantándole la tapa de los sesos de un tiro. Sólo la intervención de los oficiales le salvó de verse linchado por sus hombres. Decididos a no regresar al frente, los brigadistas se dirigieron a Torrelodones, donde se apoderaron de unos camiones para marchar a Valencia. No lo consiguieron porque una compañía de Guardias de Asalto apoyada por blindados, enviada por el general José Miaja Menant, los instó a entregarse y procedió a desarmarlos. Los jefes de la unidad fueron destituidos, la Brigada disuelta, y sus hombres, tras severo examen, distribuidos por el resto de las unidades del sector.

El militar austro-húngaro, de origen judío y nacionalizado soviético, Emilio Kléber –su verdadero nombre parece ser que era el de Manfred Stern, aunque también es probable que se llamase Lazar Stern o Lazar Farete–, hizo un informe a Moscú en el que decía: “Hay muchas cosas que van mal: la actitud de los españoles hacia los brigadistas y la actitud de los brigadistas hacia los españoles”.

Brunete fue un golpe de gracia para la moral y para la historia de las Brigadas Internacionales.

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André Marty fue encargado por la Internacional Comunista de la organización del reclutamiento y disposición de las Brigadas Internacionales, con el cargo oficial de Inspector General.

Comisario político y hombre conflictivo, sus propios compañeros de la base de Albacete, donde se encontraba el grueso de la organización brigadista, lo apodaron “el carnicero de Albacete” por sus numerosos fusilamientos de civiles y de brigadistas a los que consideraba criminalmente cobardes ante el enemigo, si bien él apenas participó en combate alguno.

Tales atrocidades cometió en nombre de la disciplina, que fue llamado a rendir cuentas ante el Comité Central del Partido Comunista de Francia al que pertenecía.

El 15 de noviembre de 1937 respondió a las acusaciones en los siguientes e increíbles términos, que incluían un pavoroso retrato de las Brigadas Internacionales bajo su mando.

«A España, con los buenos militantes comunistas, socialistas, antifascistas italianos, emigrados alemanes, anarquistas de todos los países y razas, acudieron muchos centenares de elementos criminales y mientras parte de ellos se limitaban a vivir cómodamente sin hacer nada ni combatir, otros muchos, aprovechándose del desorden, iniciaron una serie innumerable de abominables delitos: estupros, violencias, rapiñas, homicidios por pura maldad, hurtos, secuestros de personas, etc. No contentos con ello han promovido sangrientas rebeliones contra las autoridades de Valencia y hasta algunos se han dedicado al espionaje a favor de Franco. A medida que la policía de Valencia se iba haciendo dueña de la situación, tales elementos eran detenidos y conducidos a Albacete, centro de formación de las Brigadas Internacionales puestas bajo mis órdenes. Mientras una parte de los citados elementos consiguieron lavar sus culpas, marchando a combatir valientemente y cayendo en los más sangrientos encuentros que para la defensa de Madrid han sostenido las Brigadas Internacionales, otros han dado pruebas de ser incorregibles. En Albacete pretendían continuar las criminales empresas realizadas en otras partes; apresados, se evadieron del campo de concentración, agrediendo o asesinando a parte del personal de vigilancia. Ante todo ello no vacilé y ordené las ejecuciones necesarias. Las ejecuciones ordenadas por mí no sobrepasaron las quinientas; todas efectuadas contra auténticos criminales enmascarados de defensores de la libertad».

 

 

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La afluencia de desertores a la Ciudad Condal alcanzó tales proporciones que se tuvo que habilitar como prisión un cuartel próximo a la nueva base de las Brigadas Internacionales en el barrio barcelonés de Horta. Junto con la base, trasladada desde Albacete después de la retirada de Aragón, hizo también mudanza la cárcel de los “Internacionales”, que se estableció en Castelldefels (Barcelona).

La situación de los desertores en la prisión de Horta no tardó en hacerse desesperada y se tradujo en un motín que algunos aprovecharon para fugarse. La revuelta fue sofocada sangrientamente: cincuenta presos fueron ejecutados, un centenar fueron enviados a la cárcel de Castelldefels y el resto pasaron a formar parte de batallones disciplinarios.

 

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Esta Unidad estaba mandada por Valentín González “El Campesino”. La capacidad de mando de este cabecilla rojo era escasísima, pero en cambio gozaba de gran influencia política, y su carácter era tan duro, según declaraciones de sus propios subordinados, que tan pronto como era desobedecido, o se sentía descontento de algún oficial o soldado, ordenaba su fusilamiento, siendo esta División considerada como una Unidad de castigo a causa de los malos tratos que en ella sufrían los soldados.

Frecuentemente los mandos de la 46 División organizaban, sobre todo en Alcalá de Henares, alegres reuniones, que se prolongaban algunas veces por espacio de varios días, embriagándose los jefes rojos de tal manera que en ocasiones arrojaban en este estado bombas de mano, habiendo resultado muertos por este motivo algunos soldados de la Unidad.

Fueron asesinados en esta División, entre otros muchos, Eduardo Álvaro de Benito y Costa, Juan Verín Garrido, Jesús Ros Emperador, Agustín Ramírez Callar, José Riaza Gonzáles, Manuel San Bartolomé Rodríguez y José Antonio Cascales Sánchez.

 

 

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Bajo este nombre fueron creadas dos Unidades rojas, que cubrieron línea en el sector de la Sierra de Guadarrama.

En el Batallón   Alpino, mandado sucesivamente por Raimundo Calvo Moreno y por Ángel Tresaco, fueron asesinados unos 200 soldados, entre ellos Pascual Vallespín Vicente, Luis Rodríguez Manteola, Gonzalo Blanco Cal, Francisco Collado Soler, Emiliano Agudo Salvador, José María Muñagorri Acorta, Manuel Bouz Bouz, Antonio Molinero, Ramón Campa, Antonio Muñoz de Vacas (que fue asesinado en unión de otros dos soldados en el sector de Fuenfría), Miguel Cervantes y dos soldados apellidados Larraz y Arconada.

Como en pura “democracia” resultaba conveniente dar a estos crímenes una apariencia de legalidad, se encargaban de esta misión de encubrimiento los Tribunales Militares rojos, en los que se seguía por cada caso –y no siempre– un procedimiento brevísimo, recibiéndose unas cuantas declaraciones, de las que, invariablemente, aparecía que la víctima «al intentar saltar las alambradas e ir corriendo en dirección a la zona facciosa» era sorprendido por las guardias, y «al darle el alto y no atender la llamada», dichas guardias tenían que disparar, «matándole en el acto»; en vista de lo cual, el acuerdo de dicho Tribunales era siempre el sobreseimiento y archivo de las diligencias, sin imposición de sanción alguna, en vista de que los asesinos habían cumplido con su deber; siendo dictadas tales resoluciones con perfecto conocimiento por parte de los Tribunales de los crímenes cometidos, según resulta, entre otras muchas pruebas, de las declaraciones del Presidente de uno de estos Tribunales dependientes del Ejército del Centro. Por millares de declaraciones prestadas por familiares y amigos de soldados del Ejército del Frente Popular que perecieron de esta forma, así como por individuos que pertenecieron a dicho Ejército, y hasta por los mismos asesinos en muchos casos, han quedado perfectamente esclarecidos estos asesinatos, que se encubrían con la fórmula «al intentar pasarse al enemigo».

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Esta Brigada tenía su origen en varias Unidades organizadas por el Partido de Izquierda Republicana. En el sector de la Casa de Campo fueron asesinados dos Tenientes del Estado Mayor del segundo Cuerpo del Ejército rojo, siendo el ejecutor material de los asesinatos un soldado, apodado “Carapalo”. En la misma Unidad se cometieron varios crímenes más, entre ellos el realizado contra cuatro soldados, que fueron asesinados juntos, también en la Casa de Campo.

 

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Misteriosamente ‘desaparecieron’ algunos enemigos políticos del propio Largo Caballero, tales como Ángel Aldecoa Jiménez, Marcelino Valentín Gamazo y Gumersindo de la Gándara Marvella.

Ángel Aldecoa Jiménez, magistrado de cincuenta y ocho años, fue detenido porque había juzgado un atentado relacionado con Largo Caballero, y al parecer no de la manera que hubiera complacido al dirigente socialista. Aldecoa pagó su independencia judicial frente al PSOE. Fue asesinado el 26 de septiembre de 1936 en Madrid.

Marcelino Valentín Gamazo, fiscal general de la República, el cual acusó a Largo Caballero por los sucesos de octubre de 1934, en estricto cumplimiento de sus deberes dentro de la legalidad republicana. El 5 de agosto de 1936, un grupo de milicianos llegó a la casa de campo de Rubielos Altos, donde residía Gamazo con su familia y tras realizar un registro, previa rotura de objetos religiosos, comenzaron a golpearle delante de sus hijos pequeños a pesar de sus súplicas para que ahorraran a los niños aquel espectáculo. A continuación se lo llevaron y comunicaron su detención a Bujeda, Peña y Valeriano Casanueva, abogados del Estado con simpatía frentepopulistas, cursando los telegramas el delegado del gobierno en Motilla del Palancar aquella misma tarde. A las doce y media de la noche, en el paraje conocido como Cerrajón del término de Tévar (Cuenca), Marcelino Valentín Gamazo y sus hijos José Antonio, Javier y Luis de 21, 20 y 17 años respectivamente, fueron fusilados.

Gumersindo de la Gándara Marvella, capitán de la Guardia de Asalto, que actuó en el episodio conocido como Casas Viejas (Cádiz), el 13 de enero de 1933. La llamada de los anarquistas a la revolución en España, sólo tuvo repercusión en ese pueblo andaluz. Fue reprimida con gran dureza por el cuerpo creado por el nuevo gobierno republicano, los Guardias de Asalto. El gobierno republicano, presidido por Manuel Azaña Díaz, se vio salpicado por un escándalo que horrorizaba a sectores tanto de izquierdas como de derechas. Cuando corrió la voz de que Azaña había dado la orden de reprimir a los anarquistas con la tristemente frase de «tiros y a la barriga», la tensión se hizo insoportable. La cobarde reacción de Azaña fue la de culpar a los Guardias de Asalto. El capitán Gándara junto con otros cuatro capitanes, afirmaron que habían recibido órdenes directas del ejecutivo presidido por Azaña.  

En el procedimiento para esclarecer la responsabilidad de los fusilamientos de Casas Viejas, se dictaminó que había sido un crimen de Estado del que eran directamente responsables Azaña, Casares Quiroga, Indalecio Prieto y Largo Caballero. La acusación no prosperó, por no haber sido presentada por el Parlamento. En 1936, aunque ya había pasado tiempo, los responsables de la matanza de 22 campesinos, no habían olvidado. Y así, el capitán Gándara fue asesinado en la checa, no porque hubiera sido desleal a la República, si no por haber acusado tres años antes a Azaña y a Largo  Caballero, es decir, a dos personajes que en el momento de su muerte, eran respectivamente el presidente y el jefe de gobierno de la zona republicana.

El episodio del asesinato del capitán Gándara no fue, desgraciadamente, una excepción. De hecho, hubo numerosas víctimas que debieron sus asesinatos a desavenencias con personajes como Manuel Azaña Díaz o Francisco Largo Caballero.

Así, por ejemplo, el 20 de marzo de 1935, se había celebrado en las Cortes un debate político relacionado con el asunto del alijo de armas del “Turquesa” que el PSOE había traído a España para utilizarlo en su alzamiento contra el gobierno republicano en octubre de 1934. En el curso del mismo, Azaña se refirió al juez Salvador Alarcón Horcas –que había instruido el sumario y ante el que había tenido que comparecer el diputado– en términos injuriosos. El diario socialista “Claridad”, lo había señalado como enemigo de la República.  Con mucha frecuencia, la prensa del Frente Popular, y no sus líderes directamente, llamaron a la represión a la vez que señalaban los objetivos. Alarcón fue detenido por chequistas que aplicaron la “justicia revolucionaria”, siendo asesinado en la Casa de Campo el 8 de agosto de 1936.

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Del 5 al 13 de marzo de 1939 tuvo lugar en Madrid la última batalla de la Guerra Civil, donde se enfrentaron fuerzas prosoviéticas socialistas y comunistas, contra fuerzas anarquistas de Cipriano Mera Sanz y del militar profesional republicano Casado López. Las cifras de muertos, según historiadores, van desde 500 a más de 5.000.

Segismundo Casado ordenó fusilar al coronel comunista Luis Barceló Jover y al comisario José Conesa Arteaga, ya que anteriormente fuerzas de Barceló habían ejecutado a los ayudantes de Casado, los coroneles Joaquín Otero Ferrer, José Manuel Pérez Gazzolo, Arnoldo Fernández Urbano y al comisario político del Ejército Popular de la República, miembro del PSOE y concejal de Madrid, Ángel Peinado Leal.

Joaquín Otero Ferrer. Coronel del Ejército Popular de la República y miembro de Izquierda Republicana. El 17 de julio de 1936 era comandante de Ingenieros y de Estado Mayor, destinado en el Estado Mayor Central de Madrid. En noviembre de 1936 es jefe del Estado Mayor de la 4ª Brigada, con la que luchó en la Ciudad Universitaria. En enero de 1937, y ya como teniente coronel, es nombrado jefe del Estado Mayor de la Agrupación de Morata, mandada por Eliseo Chorda, y con la que participa en la batalla del Jarama cubriendo los accesos a Morata de Tajuña y contraatacando hacia el puente de Pindoque.

Tras la batalla del Jarama pasa a ser jefe del Estado Mayor del II Cuerpo de Ejército, en el frente de Madrid, puesto en que permanece hasta el 11 de noviembre de 1938, en que pasó al Estado Mayor del Ejército del Centro. Es uno de los encargados de preparar la batalla de Brunete.

A principios de marzo de 1939 fue ascendido a coronel. Favorable al golpe de Estado de Segismundo Casado, el día 6 de marzo es apresado, junto a José Pérez Gazzolo y Arnoldo Fernández Urbano, por los comunistas de Guillermo Ascanio Moreno en la posición Jaca (Parque de El Capricho) y llevado a El Pardo donde fue fusilado.          

José Manuel Pérez Gazzolo. Coronel del Ejército Popular Republicano. Al estallar la guerra era comandante de infantería destinado en el Estado Mayor. En agosto de 1936 acompaña a la columna de José Miaja en su intento de ocupar Córdoba. El 18 de diciembre de 1936 es nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur, ya con el rango de teniente coronel, el cual era mandado por el general Martínez Monje. Hasta mayo de 1937 permaneció en este cargo, excepto un pequeño intervalo tras la caída de Málaga, que fue sustituido por José Billón. Durante su estancia en dicha unidad preparó junto a otros militares el ataque, en abril de 1937, al Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza.

El 30 de mayo de 1937, y con la nueva jefatura de Estado de Negrín, es trasladado al Estado Mayor del Ejército del Centro, en donde actuó de segundo jefe.

A principios de marzo de 1939 fue ascendido a coronel. Apoyó la sublevación de Casado y el 6 de marzo, junto a Joaquín Otero Ferrer y Arnoldo Fernández, fue fusilado por los comunistas en El Pardo.

Arnoldo Fernández Urbano. Al inicio de la Guerra Civil era comandante diplomado del Estado Mayor. En septiembre de 1936 Largo Caballero lo incluye entre los miembros del Estado Mayor del Ministerio de la Guerra. En esta época asciende a teniente coronel. A principios de noviembre pasa al Estado Mayor de Vicente Rojo, siendo el jefe de la I Sección, participando en la defensa de Madrid.

El 31 de diciembre de 1936, cuando se crea el Cuerpo de Ejército de Madrid, bajo las órdenes del general José Miaja, permanece como jefe de la I Sección del Estado Mayor.

En marzo de 1939, ya como coronel, y destinado en el Estado Mayor del Ejército del Centro como jefe de la Sección de Organización, apoya el golpe de Estado de Segismundo Casado contra el gobierno de Juan Negrín. Apresado, juntamente con Joaquín Otero Ferrer y José Manuel Pérez Gazzolo, por los comunistas negrinistas de Ascanio, fue fusilado en El Pardo. 

Luis Barceló Jover. Al estallar la guerra en julio de 1936, era comandante, jefe de un grupo de infantería del Ministerio de la Guerra. Participó en los fusilamientos de los rebeldes del Cuartel de la Montaña. El 6 de agosto de 1936 es ascendido a teniente coronel.

El 8 de agosto de 1936 fue nombrado jefe de la Inspección General de Milicias, departamento dependiente del Ministerio de la Guerra y encargado de organizar, armar y abastecer a las milicias que se están creando. El 20 de octubre, la Inspección General de Milicias pasa a llamarse Comandancia Militar de Milicias, y Barceló es sustituido al pasar a depender este organismo del jefe de Operaciones del Centro. Entre el 14 y el 21 de septiembre de 1936 es jefe de las tropas que asedian el Alcázar de Toledo.

En octubre se traslada a Alicante, en donde forma a los milicianos. El 24 de octubre se incorpora con sus voluntarios al frente madrileño, sector de Brunete, haciéndose cargo además de todas las fuerzas de la zona, como la columna catalana “Libertad”, contando entre 4.500 y 5.000 hombres. Cuando los nacionales atacan Madrid, Barceló realizó continuas ataques sobre la Casa de Campo para detener al enemigo.

A mediados de diciembre de 1936, los nacionales se proponen mejorar sus posiciones al Este de Madrid, realizando un fuerte ataque sobre las tropas de Barceló. El 31 de enero, debido a una herida, es sustituido al frente de su columna, la que pronto será numerada como 35 brigada, por Nino Nanetti.

Luego pasó a ser jefe de la 2º División (del 20 de mayo de 1937 al 16 de abril de 1938) en el sector de la Sierra de Guadarrama, participando en la ofensiva sobre Segovia a finales de mayo de 1937, atacando con su división el Alto del León.

El 16 de abril de 1938 es nombrado jefe del I Cuerpo de Ejército en sustitución de Domingo Moriones Larraga.

El 3 de marzo de 1939, Juan Negrín López lo asciende a coronel, en su intento de rodearse de mandos comunistas para continuar la guerra.

Cuando se produce la rebelión de Casado el 5 de marzo de 1939, Barceló tiene muchas dudas sobre qué hacer. Los comunistas le piden que luche por Madrid contra Casado, pero Barceló piensa que su deber como soldado es no rebelarse a un superior. Finalmente, el 7 de marzo, encabeza la reacción comunista contra el golpe de Casado, autonombrándose jefe del Ejército del Centro, y atacando Madrid. El 13 de marzo finaliza la lucha entre comunistas y partidarios de la Junta, tras varios intentos por ambas partes de llegar a un acuerdo, reconociendo los comunistas su derrota y solicitando que no haya represalias y de que todos los mandos permanezcan en sus puestos. Barceló, sin embargo, será capturado por los seguidores de la Junta, juzgado por la muerte de tres coroneles del EM de Casado (Joaquín Otero Ferrer, José Pérez Gazzolo y Arnoldo Fernández Urbano y el comisario Ángel Peinado Leal), fue fusilado el 18 de marzo de 1939, apenas 12 días antes del fin de la guerra, en el Cementerio Este de Madrid. Ante el pelotón de soldados republicanos, pidió que no le vendaran los ojos, y en el último momento levantó el puño y gritó “¡Viva la República!”.

El comisario comunista  de la VII División, José Conesa Arteaga comparecía, junto a los coroneles Barceló y Bueno, ante un consejo de guerra como responsable de la rebelión y de la muerte de los tres coroneles y del comisario del Estado Mayor de Segismundo Casado. Conesa fue condenado a muerte, siendo ejecutado el 22 de marzo de 1939 en el cementerio del Este. Seis días después caía Madrid y la guerra no duró ni un mes.

Importante documento emitido desde la Prisión Modelo de Barcelona, el 15/8/1938 (Documento de los Archivos de Bosch-Gimpera, el original en catalán)

AL HONORABLE CONSELLER” DE JUSTICIA DE CATALUÑA

AL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS CORECCIONALES

Hace ahora  dos meses, salía de esta Cárcel Modelo un documento firmado por doscientos prisioneros antifascistas,  en el que se denunciaba el régimen de terror y de brutalidad que reinaba en los “campos de trabajo”. Aquel documento iba dirigido a los presidentes de la Generalitat y de la República.  Era una especie de advertencia. Un grito de alerta, saturado de tragedia y desesperación, lanzado en medio de la cobardía general. Era verdaderamente monstruoso, incluso para la verdadera causa del antifascismo, que ante las paredes del cementerio de estos “campos” pudieran caer heridos de muerte, asesinados de hecho, una serie de obreros revolucionarios, con el puño alzado, y al grito de “Viva el P.O.U.M.”, “Viva la F.A.I.” y “Viva la República”, fusilados al margen de la ley, sin otra finalidad que satisfacer  el placer y la sed de sangre de un hombre como Astorga, que se hace llamar militante responsable del Partido Comunista de España.

En aquellos momentos, cuando firmamos aquel documento, lo hicimos  bajo la primera impresión y desconociendo la magnitud del crimen. Más tarde hemos podido o hemos tenido que conocer el alcance de la tragedia. Hoy podríamos hacer desfilar ante vosotros una lista interminable de nombres –transformados actualmente en cadáveres- de militantes obreros, detenidos todos ellos por sus ideas y por su actuación  revolucionaria y que han muerto en el transcurso de los últimos tres meses, criminalmente fusilados en los “campos de trabajo”. Creemos, sin embargo, que unos cuántos ejemplos serán suficientes.

Valentín Vila Anet  era un joven de 16 años, detenido por supuesto reparto de hojas clandestinas en un cine de su pueblo, Ayguafreda. Era un militante abnegado de la Juventud Comunista del P.O.U.M. Fue asesinado en el tren, camino del “campo”. El hecho tuvo lugar en la estación de San Vicente de Castellet. Un guardia de asalto se apeó del tren y con el fusil en la cara ordenó a unos presos que se retirasen de las ventanillas del vagón. Para dar más fuerza a su orden disparó el fusil. En el interior del vagón y ante una ventanilla, conversando con otros compañeros, estaba Valentín Vila. La bala le atravesó la nuca  y le destrozó la cabeza. Murió instantáneamente, salpicando de sangre y de restos de cerebro a los que estaban a su alrededor. Fue desembarcado en la estación inmediata, Manresa, y allí lo dejaron, envuelto en una manta.

Juan Ruiz Tomás  era un viejo militante del movimiento obrero, había sido uno de los héroes de la Rabassada y San Cugat en los hechos del 6 de octubre. Condenado en aquella ocasión a 30 años, condena que comenzó a cumplir en el Castillo de Pamplona. Pertenecía también al P.O.U.M. Al día siguiente de su llegada al campo de  Omells de Nagaya, el responsable Astorga reunió a todos los reclusos y ordenó que todos los enfermos infecciosos y crónicos se presentasen para ser hospitalizados, puesto que el trabajo de fortificaciones sería muy duro. Ruiz estaba gravemente enfermo de tuberculosis desde hacía años. Eran las consecuencias de los encierros anteriores y de las persecuciones sufridas. Él, y otros 21 se presentaron como enfermos. Desaparecieron para siempre. No se ha sabido nada más de ellos. Guardias amigos aseguran que habían sido fusilados. Dudamos que jamás puedan hermanarse mejor el cinismo y el terror.

Queda el crimen monstruoso del cementerio. Dos prisioneros escaparon del barracón, donde dormían varias docenas de compañeros. Al día siguiente se ordena la formación general de toda la población penal. Y los trece compañeros que junto a los desaparecidos formaban la escuadra, los trece con carné de U.G.T, son criminalmente fusilados ante las paredes del cementerio. Algunos de estos compañeros tenían la libertad firmada desde hacía días. Sin embargo ni este hecho contuvo la mano del asesino.  Entre los caídos se encontraban: Juan Corneado, del Comité Regional de la C.N.T de Aragón  y Julio Delcacho, Secretario de la Colectividad Agraria de Ontiñena; los dos, detenidos por supuesta participación en los sucesos de mayo; Antonio Iniesta, de las Juventudes libertarias, “Conseller” de Defensa de Castelldefels y más tarde miembro del Ayuntamiento, y Alfonso Bruch, también de la C.N.T,  detenidos los dos por tenencia de armas, y Manuel Sorines y Francisco Pina, el primero, de las Juventudes Libertarias y el segundo de las Juventudes del P.O.U.M, los dos de 17 años, detenidos por supuesto reparto de hojas clandestinas.

A pesar del terror general, el aislamiento y el silencio que rodeaba la vida de los “Campos de Trabajo”, aquella sangre inocente no podía caer en tierra yerma. Una oleada de protesta ha recorrido y sigue recorriendo el mundo. Los periódicos y las organizaciones obreras y antifascistas de todos los países, los que vienen sosteniendo con más brío y más fe la causa de nuestra guerra, no podían menos que alzarse airadamente contra semejante estado de cosas.

La protesta internacional ha traído, posiblemente, unos cambios en la organización y en la vida de los “Campos de Trabajo”. Sin embargo, han sido unos cambios de forma. Han dejado de ir allí los que aún no estaban condenados por los Tribunales. Han dejado también de disparar los fusiles delante de las paredes de los cementerios con la ligereza de antes. Sin embargo, el terror y la represión siguen con la misma intensidad que antes, o posiblemente, peor que el primer día.

La muerte violenta, y en cierta forma honrosa, ha sido sustituida por una agonía lenta, a base de palizas y malos tratos. Sigue el trabajo agotador de 12 horas diarias; sigue la comida totalmente insuficiente. Sigue la mezcla humillante de los antifascistas con los fascistas y los delincuentes comunes. Siguen habiendo prisioneros que no han sido condenados e incluso prisioneros de cuya existencia no tienen noticias los Tribunales de Justicia.  Sigue la retención de prisioneros cuya libertad ha sido firmada desde dos ó tres meses antes. Siguen al frente de esta organización, hombres que, como Astorga, Mendoza, García, Galán y Reguera, tendrían que haber comparecido ante los Tribunales a rendir cuenta de sus crímenes.

Hoy nos dirigimos a vosotros como autoridades que sois de la Justicia de Cataluña, y como responsables que sois asimismo de nuestras vidas personales. Os repetimos la protesta que formulamos hace ya tres meses a las autoridades de Cataluña y de la República. La vida en los “campos de trabajo” no puede seguir, porque aquello no es vivir. En nombre de los miles de compañeros nuestros de las organizaciones a las cuales pertenecemos, que han muerto en la lucha contra el fascismo. En nombre de nuestros propios sufrimientos, o por lo menos de nuestras heridas en batalla, exigimos que se ponga fin a este estado de cosas. No se puede permitir que las liberaciones de los prisioneros no se hagan efectivas.  No se puede tolerar que siga habiendo prisioneros sin condena en los “campos de trabajo”. No se puede tolerar que se trate a los prisioneros a golpes de bastón como si fuesen perros, o como si nos encontráramos en un país de régimen totalitario. No se puede tolerar que los prisioneros antifascistas sean enviados a los “campos de trabajo” junto a los fascistas  y a los delincuentes comunes. Como no podemos comprender, los que siempre hemos luchado por las libertades de Cataluña, que se deje pasivamente, que se manchen de sangre obrera las instituciones autonómicas de Justicia y que se encubra por parte de estas mismas instituciones un terror y una arbitrariedad que huye completamente de su control. A menos que, por pasividad o por cesión voluntaria, se hagan cómplices conscientes de un estado de cosas que tanto perjuicio causa en el extranjero a los intereses de nuestra guerra.

Esperamos que tomen en consideración nuestras protestas y nuestras denuncias y que evitarán, mientras no puedan responder de la vida de los prisioneros que envíen a fortificaciones, que sean enviados más antifascistas, más hombres, la identificación de los cuales sea políticamente avalada por las organizaciones antifascistas que con tanto heroísmo y desinterés luchan en los frentes de la libertad.                         

Cárcel Modelo de Barcelona, 15 de agosto de 1938

                    Por los presos antifascistas de la Modelo

                   Por el comité de la 2ª Galería

                (Cinco firmas ilegibles)

 

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Contra la falacia esgrimida, a través de los medios de comunicación, de los pseudos historiadores, de los políticos y escritores izquierdistas, queda demostrado fehacientemente con esos casos relatados, que el bando republicano-rojo no era demócrata ni luchaba por la libertad, sino que estaba dominado por la dictadura del proletariado, por la alianza entre socialistas revolucionarios y comunistas, con el resto de los grupos del Frente Popular en segundo plano.

George Orwell, que se afilió al POUM, fue testigo de la desorganización e indisciplina del ejército republicano, formado por milicias armadas apresuradamente por partidos políticos y sindicatos diversos, comentaba: «Reconozco que, a primera vista, el estado de cosas en el frente me dejó horrorizado. ¿Cómo demonios iba a ganarse una guerra con un ejército así?».

Según el catalán Pere Tarrés Claret, médico de Sanidad, que se tuvo que enrolar en el Frente Popular y estuvo en el frente desde mayo de 1938, las mayores lacras del bando y del ejército republicano eran las mentiras, el odio entre partidos, la desorganización, el haber dado responsabilidad de mando a delincuentes, los abusos de la tropa y la resistencia satánica, amén de la depravación, corrupción, blasfemia y odio antirreligioso, que caracterizaba, en general, tanto a la tropa como a los jefes y oficiales.

Esta situación reflejaba la cruda realidad de lo que era el comunismo, un partido ultra jerarquizado, con disciplina militar, con vocación golpista y profundamente antidemocrático, que Lenin quería organizar en todo el mundo…

 

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