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Actualizada: 02 de Agosto de 2.006.  

 
 
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 A los 70 años del Glorioso Alzamiento Nacional.


El Alzamiento del 18 de Julio en las capitales Españolas.

Eduardo Palomar Baró


En Llano Amarillo se puso a punto el Alzamiento en Marruecos.

Alzamiento en Albacete.

Alzamiento en Alicante.
Alzamiento en Almería.
Alzamiento en Ávila.
Alzamiento en Badajoz.
Alzamiento en Barcelona.
Alzamiento en Bilbao.
Alzamiento en Burgos.
Alzamiento en Cáceres.
Alzamiento en Cádiz.
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Alzamiento en Soria.
Alzamiento en Tarragona.
Alzamiento en Teruel.
Alzamiento en Toledo.
Alzamiento en Valencia.
Alzamiento en Valladolid.
Alzamiento en Vitoria.
Alzamiento en Zamora.
Alzamiento en Zaragoza.

 



Las guarniciones del Norte de África, con las banderas de la Legión y los tabores de Regulares, eran fieles seguidores de los generales Franco y Mola, sus antiguos jefes, que delegaron la jefatura de la conspiración en un hombre de su total confianza: el teniente coronel Yagüe. El Gobierno de la República, receloso de este Ejército, dudó antes de autorizar las maniobras, que se tenían que realizar el 12 de julio en Llano Amarillo (Marruecos), pero dio su visto bueno a fin de distraer la tensión en que ya se encontraba la guarnición.

En principio, la fecha del final de las maniobras, se estimó buena para el alzamiento, decidida ya la idea de Mola de asegurar la sublevación fuera de Madrid, para caer luego sobre la capital. Los desacuerdos del “Director” -así firmaba el general Mola- con los carlistas y otras dificultades de última hora, hicieron que esta fecha se aplazara. El asesinato de José Calvo Sotelo, perpetrado por el Gobierno republicano el 13 de julio de 1936, puso fin a todas las dudas. 

Terminadas las maniobras del Llano Amarillo, las tropas volvieron a sus cuarteles. En la ceremonia de clausura, y ante las máximas autoridades republicanas, se palpaba ya el espíritu de levantamiento, sobre todo en los oficiales más jóvenes, adictos en gran número a Falange. El Llano Amarillo fueron captados para el Movimiento militar los coroneles Luis Soláns y Emilio Peñuelas, que se unieron a los jefes de la conspiración, los tenientes coroneles Yagüe (delegado general en Ceuta), Gautier (Ceuta), Sáenz de Buruaga, Asensio Cabanillas y Beigbeder (Tetuán), Losas y Alfaro (Larache), Juan Bautista Sánchez (Villa Sanjurjo) y Seguí, Bartomeu, Barrón, Delgado Serrano y Gazapo (Melilla).

La consigna definitiva para el alzamiento, que Yagüe haría circular telefónicamente el día 16, fue redactada por el “Director” en esta escueta forma: “El 17, a las 17”. Lo que en realidad quería decir que, a partir de las cinco de la tarde del 17 de julio, había que estar en guardia y pendientes de los acontecimientos de Ceuta, pues el punto de partida debía marcarlo la llegada de Franco a la ciudad del Estrecho.

El 17 de julio por la mañana, en Melilla, los coroneles que estaban al tanto del alzamiento militar, se reunieron en el departamento cartográfico en el edificio de la Comisión de Límites, para trazar los planes de ocupación de los edificios públicos, planes que comunican a los dirigentes falangistas. Uno de los dirigentes locales de la Falange informa al dirigente local de Unión Republicana, llegando esta información al general Manuel Romerales Quintero, comandante militar de Melilla, que a su vez informa al presidente del Gobierno Santiago Casares Quiroga.

Romerales envía por la tarde una patrulla de guardias de Asalto y policía de paisano a registrar el departamento cartográfico. El teniente coronel de Estado Mayor Darío Gazapo Valdés, jefe de dicha comisión, hace retrasar el registro, alegando que para que la policía pudiese llevar a cabo tal registro, en una dependencia militar, era precisa la previa autorización del comandante militar de la plaza, general de brigada Romerales, y aprovecha para llamar al cuartel de la Legión, hablando con el teniente Julio de la Torre, el cual se presenta con una veintena de legionarios. Ante estos, la patrulla se rinde y los sublevados proceden a arrestar a Romerales, proclamando el estado de guerra, iniciando de esa forma anticipadamente el levantamiento, informando inmediatamente a los compañeros del resto de Marruecos que habían sido descubiertos, lo que hizo que en Marruecos se adelantase la fecha prevista. Por ese motivo Mola establece el 18 de julio como la fecha de la sublevación que se generaliza en casi toda España, y el 19 de julio de 1936 ya es general.

A continuación relatamos como se desarrolló el alzamiento en las capitales españolas.  

  

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El 19 de julio de 1936, el teniente coronel de Infantería Enrique Martínez Moreno, secundado por los guardias civiles y de asalto, se alzó en armas contra el Gobierno, procediendo a declarar el estado de guerra, a la vez que ordenaba la detención de las autoridades civiles de la República. Tres días después aviones gubernamentales bombardearon el cuartel de la Guardia Civil donde se habían concentrado los nacionales, sin que, a pesar de ello, depusiesen su actitud. El 25 de julio, soldados y milicianos procedentes de Alicante y Murcia, se aproximaron a la capital. Martínez Moreno se dirigió por radio a los generales Franco y Cabanellas, solicitando refuerzos. Una hora después le contestaba Franco: “Enviaré refuerzos. Resista hasta heroísmo. Fe en el éxito. Constantemente deme noticias.” Sobre las once de la mañana Martínez Moreno volvió a comunicar con Franco: “Situación comprometidísima. Envíeme algunos aparatos aviación. Patio cuartel Guardia Civil formará cuadro con paneles indicando con una T que la plaza está todavía en nuestro poder. Contrario, no aterrice.” A las 12:35 la solicitud se hace angustiosa: “¡Socorro! ¡Socorro! Primer jefe Comandancia suicidándose. Imposible sostenerse en esta situación.” Diez minutos más tarde la radio emite por última vez: “Vamos a rendirnos.” Detenido Martínez Moreno, conducido a la carretera de Ocaña, es fusilado. Pasadas unas horas, un avión nacional procedente de la base de Sevilla bombardeó la ciudad, ocasionando importantes pérdidas a las tropas del Frente Popular.  

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La guarnición estaba constituida por el Regimiento de Infantería nº 4 y la Caja de Recluta 22, más tres compañías de la Guardia Civil y un contingente de Carabineros. El comandante de la plaza era el general de brigada José García Aldave y Mancebo, de ideología derechista y profundas convicciones religiosas. Se mantuvo a la expectativa, en espera de recibir instrucciones del jefe de la División Orgánica de Valencia. Solamente ordenó el acuartelamiento de las tropas, permaneciendo así hasta el día 23, en que el cuartel fue rodeado por numerosos milicianos, reforzados por la marinería del cazatorpedero José Luis Díez, que se había hecho con el mando de la nave. El gobernador civil requirió al general que izase la bandera tricolor republicana en los edificios ocupados por los militares y cesase el acuartelamiento, a lo que accedió García Aldave. Resuelta de esta forma tan simple la adhesión de la plaza a la República, el gobernador se dirigió por radio a los alicantinos, rindiendo un ferviente homenaje al general de la plaza, por su honor y disciplina, y que no se había rendido bajo el poder de nadie, sino bajo el poder de su voluntad soberana para defender la República. Pocos días después García Aldave era relevado del mando a petición propia. A continuación, y no obstante el testimonio del gobernador civil, fue detenido, procesado por su tentativa de adhesión al alzamiento militar, condenado a muerte y fusilado.  

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El 20 de julio de 1936, el comandante militar de la plaza y jefe del Batallón de Ametralladoras y de la Caja de Recluta, el teniente coronel de Infantería Juan Huertas Topete, auxiliado por el comandante del Cuerpo de Carabineros Toribio Crespo Puerta y con el asentimiento de la mayoría de los jefes y oficiales, procedió a declara el estado de guerra, detuvo a los militares adictos al Gobierno, ocupó la Casa del Pueblo y sitió el edificio del Gobierno Civil, pero la llegada de milicianos de Granada, la movilización de la masa ciudadana y la arribada al puerto del destructor Lepanto, procedente de Cartagena, y que amenazó con bombardear la ciudad si los nacionales no deponían las armas, hicieron fracasar el levantamiento, entregándose Huertas Topete y los demás sublevados a las autoridades de la República. Pocos días después fueron todos asesinados.  

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Quedó incorporada al bando nacional desde los primeros momentos del Alzamiento. Tras la proclamación del estado de guerra, a los soldados adscritos a la Caja del Recluta y al Colegio Preparatorio de Suboficiales se añadieron guardias civiles y de asalto, procediendo a la ocupación del casco urbano sin derramamiento alguno de sangre. Un papel decisivo fue el del teniente coronel de la Guardia Civil Romualdo Almoguer Martínez, que se negó a distribuir armas entre los militantes del Frente Popular. En esta ciudad se encontraba preso el falangista Onésimo Redondo Ortega, que inmediatamente fue puesto en libertad. A finales de octubre de 1936, el jefe del Ejército del Norte, el general Emilio Mola Vidal, instaló su cuartel general. El 11 de noviembre de 1936 el aeropuerto de Ávila sufrió un intenso bombardeo a cargo de la aviación republicana, siendo destruidos casi todos los aviones “Junker” y “Heinkel” de la escuadrilla del teniente Kraft Eberhard, el cual murió en la operación, siendo el primer oficial alemán caído en suelo español.  

 

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El general de brigada Luis Castelló Pantoja, al estallar la guerra civil, permaneció fiel a la República, pero el 6 de agosto de 1936, unos 300 hombres de la Guardia Civil, de la de Asalto y de la Seguridad se alzaron en armas, adueñándose de la ciudad durante unas horas, hasta que al ser bombardeado el cuartel en que se habían hecho fuertes, volvió la ciudad a los frentepopulistas.  

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En muchos cuarteles de la Ciudad Condal se habla de la necesidad de sublevarse contra el Gobierno republicano. A última hora asumió el mando de los alzados el general Manuel Goded Llopis, que se hallaba destinado en las islas Baleares, lo que dificultó el contacto con los demás generales, jefes y oficiales de la IV División comprometidos con el golpe. El día 19 a las 5 de la mañana, habían de sacar las tropas a la calle. Los dirigentes de la CNT, ante la pasividad de las autoridades, adoptaron medidas preventivas, buscando y encontrando las armas que los anarcosindicalistas se habían apoderado, dos días antes, al asaltar los pañoles de armas de los buques surtos en el puerto de Barcelona. Los dirigentes ácratas se dirigen al presidente de la Generalidad, Luis Companys exigiéndole que sean armados los trabajadores para defender la República, cosa que consiguen. Los milicianos pertrechados con armas, que en muchas ocasiones no saben manejar, ofrecen resistencia a los rebeldes. El general de la Guardia Civil Aranguren, es el que resuelve la suerte del alzamiento al aplastar el movimiento nacional, que carente de sincronización, se tiene que replegar, a pesar del entusiasmo de los jefes y oficiales sublevados. Poco después de las 8 de la mañana, los rebeldes ven como se esfuman sus últimas esperanzas. Pasado el mediodía llega en un hidroavión el general Manuel Goded Llopis, pero a esas horas el movimiento ya está prácticamente abortado. A media tarde, convencido que nada puede hacerse, telefonea al general Aranguren y le expone su intención de rendirse, a fin de evitar inútiles sacrificios. Goded dice por la radio: “La suerte me ha sido adversa y he caído prisionero; si queréis evitar que continúe el derramamiento de sangre, quedáis desligados del compromiso que teníais conmigo”. Tras estas palabras, los sublevados van deponiendo las armas. El día 11 de agosto de 1936, el general Goded fue conducido ante un consejo de guerra, que lo condenó a la pena de muerte, siendo fusilado al día siguiente en los fosos del castillo de Montjuich.  

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El 18 de julio de 1936, la guarnición militar de Bilbao se reducía al Batallón de Montaña nº 4 que mandaba el teniente coronel de Infantería Joaquín Vidal Munárriz, que estaba fuera de la conspiración, al igual que el comandante militar de la plaza, el coronel Andrés Fernández-Piñerúa. La mayoría de la oficialidad estaba comprometida en el alzamiento, pero cuando las fuerzas de la Guardia Civil y las de Asalto rodearon el cuartel donde se hallaba aposentado el citado batallón, los oficiales cesaron en su resistencia y se entregaron a las autoridades.  

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En la tarde del 17 de julio de 1936, el general Domingo Batet, jefe de la VI División Orgánica, ordenó la detención del general González de Lara, del comandante Porto Rial y la de los capitanes Murga Santos y Moral Movilla, por albergar sospechas que estaban conspirando contra el Gobierno. El día 18, el capitán de Infantería Miranda Barredo, consiguió liberar a los detenidos. Al caer la tarde del 18, el teniente coronel de Estado Mayor José Aizpuru, secundado por el comandante Antonio Algar y otros oficiales, proceden a la detención del general Batet. Acto seguido, el teniente coronel de Caballería Gavilán Almuzara depone y detiene al gobernador civil, al que se le reemplaza por el general retirado Fidel Dávila Arrondo. Prácticamente sin disparar un tiro, la ciudad quedó incorporada a los nacionales.  

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Desde el mismo momento en que se inició la guerra civil, Cáceres quedó incorporada al bando nacional. El comandante militar de la plaza, Manuel Álvarez Díez, al enterarse de la sublevación de las fuerzas miliares del protectorado de Marruecos, ordenó detener al gobernador civil, Miguel Canales González, procediendo a declarar el estado de guerra, medida que fue acatada sin oposición, por el regimiento de Infantería, por el personal de la Caja de Recluta, las fuerzas de la Guardia Civil, las de la Guardia de Asalto y las del Cuerpo de Carabineros.

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En julio de 1936, era comandante militar de la plaza el general José López Pinto, comprometido con el alzamiento. El 18 de julio, obedeciendo órdenes de Queipo de Llano, que se hallaba en Sevilla, puso en libertad al general José Enrique Varela Iglesias, preso en el Castillo de Santa Catalina por sus sospechosas actividades conspiradoras, el cual, una vez libre, protagonizó prácticamente la sublevación. El gobernador civil, secundado por el presidente de la Diputación Provincial y otras autoridades civiles y militares, se opusieron a la acción de Varela, que había sacado las tropas a la calle, haciéndose fuertes, con las fuerzas de orden público, en el Gobierno Civil, en el Ayuntamiento y en el palacio de Comunicaciones. Temiendo López Pinto no poder dominar la situación, habló con el teniente coronel Juan Yagüe, que se encontraba en Ceuta, pidiéndole refuerzos. En la madrugada del día 19 llegó al puerto de Cádiz el buque Ciudad de Algeciras, escoltado por el destructor Churruca, transportando, el primero, un escuadrón de Regulares, y el segundo, un tabor de las mismas fuerzas, las cuales, una vez desembarcadas, entraron en acción. Dos horas después, los republicanos se rindieron a los nacionales, siendo detenidas las primeras autoridades y los líderes de los partidos de izquierda y de las organizaciones sindicales.  

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Durante todo el día 19 de julio de 1936, los militares comprometidos en la sublevación estuvieron pendientes de conocer lo qué pasaba en Valencia, cabecera de la III División Orgánica y de la cual dependía la plaza. Al fracasar el alzamiento en Madrid, Barcelona y Valencia es destituido el jefe del Batallón de Ametralladoras, teniente coronel de Infantería José Giner Morello, que está comprometido con la rebelión, siendo reemplazado por el teniente coronel Primitivo Peyré Cabaleiro, opuesto a levantarse contra la República. La ciudad quedó, prácticamente sin incidencias, en poder del Gobierno republicano.  

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En poco más de dos horas, la sublevación y su incorporación a la zona nacional se produjo sin incidentes. El jefe supremo de la compleja guarnición de Ceuta, era el general de brigada Osvaldo Fernando de la Caridad Capaz Montes, el cual se hallaba en Madrid disfrutando de un permiso. Le sustituía en la jefatura de las tropas el coronel de Artillería Arturo Díaz Clemente que, situado al margen de la conspiración, al tener conocimiento de que la guarnición de Melilla se había alzado en armas contra el Gobierno de la República, adoptó una actitud indecisa -por lo que al triunfar el alzamiento, fue expulsado del Ejército-, perdiendo, como consecuencia de ello, el control de los jefes y oficiales que le estaban subordinados. A las 23 h del día 17 de julio de 1936, Juan Yagüe, jefe de la Legión, ordenó tocar generala, sacando acto seguido las tropas a la calle y ocupando la ciudad sin encontrar resistencia alguna.  

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Con una guarnición militar muy escasa al mando del coronel Mariano Salafranca Barrio, que desempeñaba el cargo de comandante militar, la plaza quedó bajo el dominio republicano desde que estalló la guerra civil. Hubo alguna perturbación de orden público, producido por un reducido grupo de militantes falangistas. La reacción ‘antifascista’ revistió caracteres de auténtica crueldad. Los crímenes fueron realmente atroces. A la madre de dos jesuitas le obligaron a tragarse un crucifijo. Ochocientas personas fueron arrojadas al pozo de una mina. Los asesinatos eran acogidos con grandes aplausos, gritando ¡Libertad! ¡Muera el fascismo!

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El 18 de julio de 1936, el comandante militar y jefe del Regimiento de Artillería, el coronel Ciriaco Cascajo Ruiz, siguiendo instrucciones del general Queipo de Llano, procedió a proclamar el estado de guerra, sin encontrar oposición alguna, ya que el gobernador civil Antonio Rodríguez de León, si bien no estaba comprometido con los nacionales, veía el alzamiento militar con buenos ojos. Cascajo se limitó a emplazar sus cañones frente al Gobierno Civil, y después del segundo cañonazo, los republicanos se entregaron a los nacionales. El coronel de Artillería Ciriaco Cascajo, asistido del teniente coronel de la Guardia Civil Bruno Ibáñez, comenzó la persecución, encarcelamiento y fusilamientos de los elementos afines al Frente Popular.  

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El alzamiento militar de esta plaza tuvo lugar el día 20 de julio de 1936. El día anterior, el general Mola telefoneó al jefe de la VIII División Orgánica, general Enrique de Salcedo Molinuevo, para que se sumase a la sublevación, pero éste, convencido por el comandante militar de La Coruña, y simpatizante del Frente Popular, el general Rogelio Caridad Pita, optó por abstenerse de toda actuación, esperando el desarrollo de los acontecimientos. Detenido el general Salcedo por su jefe de Estado Mayor, coronel Luis Tovar Figueras, se hizo con el mando de la división el coronel de Ingenieros Enrique Cánovas Lacruz, que asumió la máxima responsabilidad, como mando de mayor antigüedad entre los alzados. Al grito de ¡Viva la República! y a los sones del himno de Riego, proclamó el estado de guerra, y sacando las tropas a la calle procedió a  ocupar la ciudad. El gobernador civil Francisco Pérez Carballo, antiguo militante de la FUE y militante de Izquierda Republicana, secundado por un grupo de guardias de asalto y otro de guardias civiles, se hizo fuerte en el edificio del Gobierno Civil, donde resistió casi dos días, al cabo de los cuales no tuvo más remedio que rendirse a los militares nacionales que, eficazmente apoyados por algunos falangistas sublevados por Manuel Hedilla Larrey, procediendo a ocupar la ciudad. Detenido Pérez Carballo, fue asesinado pocos días después.  

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Con muy poca guarnición militar a cargo de un teniente coronel de Infantería, auxiliado por unos pocos oficiales y soldados, se mantuvo al lado del Gobierno republicano gracias al jefe de la Guardia Civil, teniente coronel Francisco García de Angela, que mantuvo el orden público, evitando cualquier conato de insurrección armada. Pero algunos días después, tras la llegada de contingentes anarquistas mandados por Cipriano Mera, se produjeron asesinatos -entre ellos, el del obispo de la diócesis, Cruz Laplana y Laguna-, incendios, saqueos y otros desmanes.

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Al estallar la guerra, la guarnición de la plaza estaba compuesta por la I Brigada Mixta de Montaña, de la que era jefe el general Jacinto Fernández Ampón, implicado en la conspiración, como también lo estaba el coronel Jorge Villamide Salinero y el teniente coronel Antonio Alcubilla Pérez. En la madrugada del 19 de julio de 1936, una sección de tropas “cumpliendo órdenes de Barcelona”, procedió, sin encontrar resistencia alguna, ni tan siquiera de las autoridades, a declarar el estado de guerra, pero al atardecer del mismo día, cuando se conoció el fracaso del golpe en la Ciudad Condal, la Guardia Civil y Guardia de Asalto, conminaron a los sublevados a que se retirasen a sus cuarteles, aceptando éstos la indicación y evitándose de esta forma cualquier tipo de enfrentamiento.  

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El gran artífice del alzamiento militar en Gran Canaria fue el general Luis Orgaz Yoldi, que se hallaba confinado en la isla por orden del Gobierno republicano. El 17 de julio de 1936 el general Franco, comandante militar de las islas Canarias, se había trasladado desde Tenerife a Las Palmas para presidir, en representación del Gobierno, el entierro del general Balmes, comandante militar de Las Palmas. Tras el sepelio se retiró al hotel Madrid, donde se había instalado con su esposa e hija. En la madrugada del 17 al 18 le entregaron un telegrama, reexpedido desde Tenerife, con el siguiente texto: “Jefe Circunscripción Melilla a Comandante General Canarias. Este ejército levantado en armas se ha apoderado en la tarde de hoy de todos los resortes del mando en este territorio. La tranquilidad es absoluta. ¡Viva España! Coronel Soláns.” Acto seguido, Franco se trasladó a la Comandancia Militar cursando este otro telegrama: “Gloria al heroico Ejército de África. Recibid el saludo entusiasta estas guarniciones que se unen a vosotros y demás compañeros Península en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo. ¡Viva España con honor! General Franco.” Envió una copia a los generales jefes de las ocho Divisiones Orgánicas, así como al comandante de Baleares, al jefe de la División de Caballería, al jefe de la Circunscripción de Ceuta y Larache, al jefe de las fuerzas militares de Marruecos y a los almirantes jefes de las bases navales de El Ferrol, Cádiz y Cartagena. Recibió un nuevo telegrama, éste del coronel Sáenz de Buruaga: “Dueños absolutos de todas las plazas de Marruecos, agradecemos de corazón el entusiasta saludo, anhelando pronta llegada para ponernos sus órdenes. Puede tomar tierra en Tetuán o en Larache sin consecuencias. Conviene avise salida y esperamos noticias. ¡Viva España!.” Ordenó Franco que se procediese a declarar el estado de guerra en las islas Canarias, lo que se llevó a cabo con los requisitos del caso, difundiéndose al mismo tiempo por la radio el que se ha llamado “El Manifiesto de las Palmas”, escrito de puño y letra por Franco, y que es uno de los documentos de Franco más importantes y definidores de su pensamiento, en día tan señalado.  

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En el mes de julio de 1936, la capital estaba compuesta por el Regimiento de Infantería nº 2 mandado por el coronel Basilio León Maestre y el Regimiento de Artillería Ligera nº 4, del cual era jefe el coronel Antonio Muñoz Jiménez. El comandante militar de la plaza era el recién ascendido a general Miguel Campins Aura, el cual a pesar de estar comprometido con el alzamiento, el 18 de julio se entrevistó con el gobernador civil César Torres Martínez y con algunos líderes del Frente Popular, a los cuales aseguró que las fuerzas a sus órdenes se mantendrían fieles al Gobierno, e incluso que llegado el momento entregaría las armas que estaban bajo su custodia a las milicias de los partidos políticos de izquierda y a las organizaciones sindicales. El Gobierno exigía desde Madrid a las autoridades granadinas una gran resistencia ante cualquier conato de alzamiento militar. Campins visitó varios cuarteles comprobando que la oficialidad en pleno, la Guardia Civil, la de Asalto y algunos falangistas y requetés estaban dispuestos a sublevarse. Al propio tiempo, su ayudante el comandante Francisco Rosaleny Burguet, que obedecía órdenes del general Queipo de Llano, le conminó a firmar el bando declarando el estado de guerra, a lo que accedió Campins, no obstante lo cual fue detenido por sus propios subordinados, haciéndose cargo del mando de los alzados el citado coronel Antonio Muñoz Jiménez. Las tropas salieron a la calle, publicando el bando y procediendo a detener a las autoridades adictas al Gobierno.  

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En el mes de julio de 1936, la guarnición de la plaza estaba limitada al Regimiento de Aerostación, cuyo jefe era el coronel de Ingenieros Francisco Delgado Jiménez, y unos reducidos destacamentos de tropas. Hasta bien entrado el día 20, los oficiales comprometidos en el alzamiento adoptaron una actitud cautelosa, pues esperaban que una columna procedente de Pamplona les asegurase el triunfo del golpe. Ante el fracaso de la sublevación en Alcalá de Henares y advertir que la ayuda de Navarra no llegaba, los oficiales decidieron lanzarse a la calle, ocupando el Ayuntamiento, la Casa del Pueblo y el Gobierno Civil, prestando su concurso las fuerzas de la Guardia Civil y de Seguridad. El comandante Rafael Ortiz de Zárate López y un grupo de soldados ocuparon la prisión y excarcelaron a los militares detenidos, entre los que se encontraban los generales González de Lara y Barrera, el contralmirante Fontela y el teniente coronel Loscertales. Al enterarse Madrid que Guadalajara se ha sublevado, sale una columna al mando del coronel Puigdengolas para dominar la situación. Camiones requisados por elementos de la CNT y de la UGT, avanzan sobre Guadalajara. El día 22 el Gobierno dispone de algunos millares de hombres, en su mayoría milicianos sin instrucción. Los alzados son unos 100 jefes y oficiales, 40 clases, 275 cabos y soldados, 150 guardias civiles y de seguridad y dos centenares de civiles, los cuales ofrecen resistencia en el puente sobre el río Henares, a la entrada de la ciudad, prolongándose la lucha durante horas. El último foco será el cuartel de Aerostación. Cae en poder de los atacantes el comandante Ortiz de Zárate, siendo ejecutado inmediatamente. Dominado el cuartel por entero, se inicia una matanza indiscriminada de jefes y oficiales. Son asesinados el contralmirante Ramón Fontela, el general González de Lara, el coronel de Infantería José Candeira, el coronel de Ingenieros Francisco Delgado Jiménez y un centenar de jefes y oficiales. Ebrios por su triunfo, los milicianos emprenden una brutal carnicería, queman iglesias y destruyen edificios, incautándose del palacio del duque del Infantado y del de Romanones e instalan los cuarteles del Frente Popular en los conventos.  

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El 18 de julio de 1936, al conocerse la sublevación de las fuerzas militares destacadas en Marruecos y de algunas guarniciones de la Península, el gobernador civil de la provincia ordenó que la Guardia Civil de Huelva se trasladase a Sevilla para coadyuvar a la sofocación del levantamiento del general Queipo de Llano, poniéndose a sus órdenes una vez que dicha fuerza llegase a su destino, en vez de cumplir el cometido que legalmente se le había confiado. Pero como que la guarnición de Huelva era más simbólica que de hecho, la ciudad permaneció en los primeros momentos con el Gobierno republicano, en cuya actitud desempeñó un destacado papel, además del citado gobernador, el teniente coronel jefe de la Guardia Civil Julio Orts Flor, evitando toda clase de desmanes. Tras el fracasado envío de los guardias civiles a Sevilla, ordenó el gobernador una nueva expedición, integrada por mineros de la zona, pero fue detectada en el camino por los nacionales y voladas las cargas de dinamita que transportaban, resultando 30 bajas entre muertos y heridos, y siendo hechos prisioneros 69 hombres, todos los cuales fueron fusilados acto seguido. El 27 de julio, los 500 guardias civiles de toda la provincia onubense que se habían concentrado en la capital gubernativa, se alzaron en armas contra la República y ocuparon la ciudad, poniendo en libertad a los aproximadamente quinientos presos políticos -la mayoría de ellos falangistas o simpatizantes con esta ideología- que se encontraban en la cárcel. Huidos el gobernador civil, el alcalde y los jefes de la Guardia Civil y de Carabineros, fueron hallados poco tiempo después por los alzados, los cuales procedieron al fusilamiento de todos ellos.  

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En la noche del 18 de julio de 1936, el jefe de la X Brigada de Infantería y comandante militar de la plaza, el general Gregorio de Benito Terraza, siguiendo instrucciones del jefe de su División Orgánica, el general Miguel Cabanellas Ferrer, proclamó el estado de guerra, siendo secundado por el coronel Carmelo García Conde, jefe del Regimiento de Infantería nº 20. Acto seguido fue detenido el gobernador civil, Agustín Carrascosa Carbonell. No se registraron actos de violencia.  

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En julio de 1936, estaban concentradas en la capital las fuerzas de la Guardia Civil de toda la provincia, en total unos 800 hombres, al mando del teniente coronel de dicho cuerpo Pablo Iglesias Martínez, ejerciendo de segundo jefe el comandante Eduardo Nofuentes Montoro, ambos sancionados a consecuencia del comportamiento que habían observado cuando el 10 de agosto de 1932, el general José Sanjurjo se sublevó en Sevilla contra la República. Al producirse el alzamiento militar el día 17 de julio de 1936, gran parte de la oficialidad y de los guardias civiles se mostraron partidarios de unirse a la rebelión, pero los citados Iglesias y Nofuentes y el comandante Ismael Navarro Serrano, trataron de disuadir a sus subordinados, diciéndoles que, en principio, estaban de acuerdo con ellos, pero que era mejor dejar pasar algún tiempo para poder reflexionar con calma y proceder en consecuencia. Pero al fin, la escasa guarnición militar de la plaza, fue motivo para no hacer ninguna tentativa de alzarse en armas contra el Gobierno.  

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La guarnición de la ciudad de León, en aquel mes de julio de 1936, estaba compuesta por el Regimiento de Infantería nº 36 y un grupo de la 1ª Escuadra de Aviación. Las fuerzas de Orden Público estaban representadas por unos 400 guardias civiles y unos 200 guardias de asalto. Era comandante militar el general de brigada de Infantería Carlos Bosch Bosch. El día 19 por la mañana, unos 4.000 mineros procedentes de Asturias, que se dirigían a Madrid, entraron en la ciudad por carretera y ferrocarril, al tiempo que aparecía en León el general Juan García Gómez Caminero, inspector general del Ejército, quien ordenó al comandante de la plaza que distribuyese armas a los citados mineros, orden que el general Bosch acató aparentemente, pues se limitó a entregar unos 200 fusiles y cuatro ametralladoras, con la condición de que abandonasen la ciudad. Aceptaron los mineros y reanudaron su viaje a Madrid. Al día siguiente García Gómez, viendo que el alzamiento era inevitable, huyó a Portugal. El día 20 a las 2 de la tarde, la guarnición declaró el estado de guerra, que llevó a cabo sin más dificultad que la resistencia, más fingida que real, del gobernador civil y algunos políticos, que fueron detenidos, incorporándose la plaza al bando nacional.  

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Al estallar la guerra civil, la guarnición estaba compuesta por el Regimiento de Infantería nº 26, la Caja de Recluta y el Centro de Movilización y Reserva. Era comandante de la plaza el coronel de Infantería Rafael Sanz Gracia, comprometido con el alzamiento. Por orden del general Miguel Cabanellas, ordenó a las fuerzas, a las 9 de la mañana del 20 de julio de 1936, declarar el estado de guerra. No obstante, el fracaso del alzamiento en Barcelona, la situación dio un giro de 180 grados. El coronel se entregó sin resistencia. Detenidos todos los sublevados, fueron conducidos a la cárcel, siendo fusilados los cabecillas más cualificados. En manos de elementos de la CNT, FAI y POUM, se produjeron numerosos desmanes en la ciudad, asesinando al obispo, incendiando la catedral por orden de Buenaventura Durruti, saqueos, ‘paseos’, etc.  

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El 19 de julio de 1936, los jefes y oficiales de la guarnición logroñesa, cumpliendo órdenes de los militares nacionales de Burgos, se levantaron en armas contra la República, declarando el estado de guerra, ocupando la ciudad y la base aérea de Agoncillo, mandada por el capitán de Infantería y piloto aviador Eduardo Prado Castro. Al día siguiente llegó a la capital una columna, procedente de Pamplona, mandada por el coronel García Escámez, que detuvo al general Víctor Carrasco Amilibia -hasta entonces comandante militar de la plaza y jefe de la VI Brigada de Artillería- el cual, acusado de haber obrado con indecisión y tibieza, no obstante haberse adherido al alzamiento, fue conducido a Pamplona, nombrándose para sustituirle al teniente coronel de Infantería Pablo Martínez Zaldívar.  

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El 18 de julio de 1936, fuerzas del Regimiento de Infantería nº 12, de guarnición en la plaza, que mandaba el coronel Alberto Caso y Agüero, procedieron a declarar el estado de guerra y a detener a las autoridades civiles. En pocas horas, tras delegar el gobernador civil de la provincia toda su autoridad en los militares alzados, la ciudad quedó incorporada al bando nacional.  

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La guarnición de la capital de la República constituía el contingente más numeroso del ejército español. Era la plaza que más interesaba conquistar a los militares que preparaban el alzamiento de julio de 1936. Junto con Barcelona eran los puntos más difíciles para triunfar la sublevación, como ya lo advirtió el general Mola en sus ‘Instrucciones reservadas’, y desde luego no se equivocó. Cerca de 7.000 hombres estaban a las órdenes del general de brigada José Miaja Menant, que eventualmente se hallaba al frente de la 1ª División Orgánica. A estas fuerzas había que añadir unos 2.500 guardias civiles y alrededor de 4.000 guardias de Asalto. El presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga estaba informado de que se preparaba un golpe militar, pero no le dio la más mínima importancia, confiando que llegado el caso con sólo la Guardia de Asalto podía acabar con la intentona sediciosa. El día 18 todo el mundo conoce ya y comenta la insurrección militar de Marruecos, pero el Gobierno guarda un significativo silencio, pero al final no tiene más remedio que salir al paso de lo que se murmura en la calle y a través de las emisoras de radio. “El Gobierno declara que el movimiento está exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades de la Zona del Protectorado y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la Península a este empeño absurdo.” La tensión va creciendo y el general Sebastián Pozas Perea, inspector general de la Guardia Civil, pide a las fuerzas a sus órdenes el más estricto cumplimiento del deber. Casares Quiroga, que además de presidente del Consejo de Ministros desempeña la cartera de Guerra, sigue restándole importancia a la revuelta de Marruecos. Ante la gravedad de la situación, gravedad que el Gobierno se empeña en desconocer, el general José Riquelme y López Bago, advierte a Casares la conveniencia de armar a batallones de voluntarios, facilitados por los partidos políticos y las organizaciones sindicales del Frente Popular, para llegado el caso hacer frente a los sublevados, a lo que se niega el presidente del Gobierno, ya que teme armar a los paisanos, “pues una vez que aplasten la rebelión de los militares, se volverían contra nosotros, y nos encontraremos con la revolución en la calle organizada indirectamente por nosotros mismos”. La situación, ante la pasividad, el silencio y las falsas noticias dadas por el Gobierno, se agrava cada minuto que transcurre. Casares no ve otra solución que presentar la dimisión que es aceptada por el Presidente de la República, Manuel Azaña, el cual encarga a Diego Martínez Barrio que trate de formar nuevo Gobierno. En esta designación del jefe de la moderada Unión Republicana, es un gran error pues Martínez Barrio no va a gustar a nadie: no convence a los derechistas por ser de izquierdas, y no convence a los izquierdistas por ser el ala derecha del Frente Popular. Pero aún lo más grave es que las centrales sindicales se sienten traicionadas: UGT y CNT claman por la destitución fulminante de Martínez Barrio: ¡Todo menos pactar con los sublevados! Las masas intuyen que el nuevo Gobierno es de mediación, lanzándose a la calle. Horas después, sin que los ministros del nuevo gabinete hayan tomado posesión de sus cargos, Martínez Barrio presenta la dimisión. Accede al poder José Giral, que era ministro de Marina con Casares Quiroga. Como primera medida decide armar al pueblo. Se hace oír la voz de La Pasionaria por Unión Radio: “Trabajadores, antifascistas, pueblo laborioso: ¡todos en pie dispuestos a defender la República, las libertades populares y las conquistas democráticas del pueblo! El cuartel de la Montaña, en donde se alojaban un regimiento de Infantería, otro de Zapadores Minadores y un grupo de Alumbrado e Iluminación,  bajo el mando del general Fanjul, estaba completamente de acuerdo con el alzamiento. Al amanecer del día 20, se inicia un violento cañoneo y horas después cae en manos de sus sitiadores. La carnicería que se producirá en su interior, tras la rendición de los nacionales, será una de las más crudas y salvajes de toda la contienda. Madrid se llena de vehículos requisados que exhiben en sus portezuelas y en el techo, toscamente pintadas con tiza o pintura blanca las iniciales de las diversas organizaciones del Frente Popular: UHP, UGT, CNT-FAI, PS y rótulos alusivos como: Muera el clero, ¡Abajo el fascio!, ¡Les hemos dado para el pelo!, etc. Por las ventanillas de estos coches asoman los fusiles de la chusma. De lo que no cabe duda es de que la rebelión, gracias al concurso de las turbas armadas, fue vencida en Madrid y Barcelona, y si el Gobierno tuvo las dos capitales más poderosas del país, la cuestión estaba bien clara: los militares habían perdido la partida. En la capital se registran más muertos por causa personal que por motivo político. La persecución y ejecución de religiosos comenzaron ya en la noche del 20 de julio de 1936, así como los tristemente famosos “paseos”.  

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En julio de 1936, la guarnición militar estaba compuesta por la 4ª Brigada de Infantería, mandada por el general Francisco Patxot  Madoz. Al enterarse del asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo, decidió sumarse a la rebelión. El día 18 del citado mes, fuerzas encabezadas por el capitán Agustín Huelín Gómez procedieron a fijar el bando declarando el estado de guerra. Cuando parecía asegurado el triunfo de los alzados, el gobernador civil José Antonio Fernández Vega, afiliado a Izquierda Republicana, apoyado por la Guardia de Asalto y por la Policía gubernativa, se negó a resignar el poder. La Guardia Civil, al mando del coronel Fulgencio Gómez Carrión, que en un principio se había mostrado partidaria de secundar el levantamiento, se replegó a sus cuarteles. Los refuerzos pedidos a Marruecos no llegaban, y por el contrario las organizaciones obreras se lanzaron a la calle dispuestas a abortar el alzamiento. En la mañana del día 20 Málaga está dominada por la multitud y al grito de ¡UHP! (Uníos Hermanos Proletarios) se suceden las manifestaciones a las que se unen guardias de Asalto y Carabineros. La calle de Larios sufre el vandalismo, destruyendo el Café Inglés, el Círculo Mercantil y el palacio de los marqueses de Larios. En unas horas sólo quedan ruinas y Málaga se cubre de una nube de humo provocada por los incendios de iglesias y edificios. Los cuarteles y la Comandancia Militar se entregan sin ofrecer resistencia. El general Patxot es detenido y lesionado se le conduce prisionero. Muy pronto Málaga se convierte en el lugar de concentración de la Flota de la República y desde allí saldrá hacia Algeciras, Cádiz y Ceuta en sus ataques. Dominada la ciudad por las fuerzas adictas a la República, comunistas y anarquistas se dedicaron a cometer cientos de asesinatos y actos de pillaje, dejándola sumida en un lamentable estado moral y material.  

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En julio de 1936, la guarnición se limitaba a un regimiento de Infantería, un grupo de Artillería, otro grupo de Zapadores de Telégrafos, una compañía de Intendencia y otra de Sanidad. La comandancia militar la desempeñaba el general de división Manuel Goded Llopis, implicado en la conspiración para derrocar al Gobierno del Frente Popular. El día 19, le telefoneó desde Barcelona el general Álvaro Fernández Burriel para participarle que la guarnición de dicha capital, ya se había sublevado, instándole que urgentemente se hiciese cargo de la Ciudad Condal. Goded ordena declarar el estado de guerra en la isla. A continuación manda al general José Bosch Atienza, comandante militar de Menorca, a implantar la ley marcial y a presentarse en Mallorca para sustituirle, pues él tenía que trasladarse a Barcelona. La incorporación de Mallorca al bando nacional se efectuó sin mayores problemas, ya que las autoridades civiles se entregaron sin presentar ninguna resistencia.  

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Fue en esta plaza donde se inició el alzamiento militar en julio de 1936. El día 17 estando reunidos en el edificio de la Comisión de Límites un grupo de oficiales comprometidos en la conspiración para derrocar al Gobierno del Frente Popular, irrumpieron en dicha reunión una sección de guardias de Asalto con la pretensión de realizar un registro. Se opuso a ello el teniente coronel de Estado Mayor Darío Gazapo Valdés, alegando que era precisa una autorización del comandante militar general de brigada Manuel Romerales Quintero. Puestos al habla por teléfono, el citado general le dijo que la orden era correcta y que la había dado él. Entonces Darío Gazapo llamó al teniente de la Legión Julio de la Torre, al que pidió que se personara con algunos hombres en el edificio de la Comisión de Límites, no haciéndose esperar la respuesta, y minutos después, una veintena de legionarios, se presentaron en dicho edificio. El teniente De la Torre, que veía la cosa perdida, ordenó que hicieran fuego contra la Guardia de Asalto, lo que impidió el oficial que mandaba esta última fuerza, haciendo causa común con los sublevados, los cuales ocuparon la Delegación del Gobierno y la Comandancia Militar, poniéndose al frente de la misma el coronel de Infantería Luis Soláns Labedán. El teniente coronel Maximino Bartomeu González Longoria, que se hallaba en Melilla en situación de disponible, procedió a declarar el estado de guerra en nombre del general Francisco Franco Bahamonde. Tras algunos brotes de resistencia, se restableció la calma. Un grupo de Tropas Regulares ocupaba el aeródromo de Tahuima.  

 

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En julio de 1936, la guarnición militar estaba compuesta por un regimiento de Artillería Ligera mandada por el coronel Jorge Cabanyes Mata, el cual, al parecer, no estaba comprometido en la conspiración. Los escasos oficiales que simpatizaban con el alzamiento, al carecer de un líder, adoptaron una actitud de prudente espera, hasta que el 21 de julio fueron detenidos por resistirse a obedecer las órdenes del general Toribio Martínez Cabrera, que desde Cartagena había mandado que el mencionado regimiento de Artillería se dirigiese a Albacete, con el fin de hacer abortar cualquier conato de sublevación armada. Salvo este ligero incidente, Murcia quedó en poder de la República.  

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Desde el 20 de julio de 1936, la ciudad quedó incorporada a la zona nacional, en que fuerzas de un batallón del Regimiento de Infantería nº 12, de guarnición en Orense, al mando del comandante José Ceano Vivas Sabán, fueron autorizadas por el teniente coronel del Arma de Infantería Luis Soto Rodríguez, comandante de la plaza y jefe de la Caja de Recluta, para declarar el estado de guerra.  

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Al estallar la guerra, la guarnición de la plaza estaba constituida por unos mil hombres, encuadrados en el Regimiento de Infantería nº 32, y un millar de guardias civiles diseminados por toda la provincia. Al frente de la Comandancia Militar se hallaba el coronel de Estado Mayor Antonio Aranda Mata, republicano y simpatizante con el Frente Popular. Al enterarse del alzamiento militar que el 17 de julio de 1936 se había producido en el protectorado de Marruecos, adoptó una actitud pasiva, consiguiendo ganarse la confianza de las autoridades civiles y de los líderes sindicales, consiguiendo convencer a unos y a otros que lo más urgente era ayudar a Madrid, sugiriendo que algunas columnas de mineros saliesen en dirección a la capital del Estado, garantizando con las fuerzas a su mando, la tranquilidad pública y el aplastamiento de cualquier movimiento rebelde. Requerido por el general Mola para que se uniese al alzamiento, no le dijo que no rotundamente, pero condicionó su adhesión a que se cumpliesen ciertos requisitos. Recibió también órdenes desde Madrid para que procediese a la entrega de armas a las organizaciones sindicales, órdenes que cumplió sólo en mínima parte y con toda premiosidad. No pudiendo resistir más la presión a que le habían sometido las autoridades antes mencionadas, se refugió en el cuartel de Infantería y desde allí ordenó que saliese la fuerza armada a proclamar el estado de guerra. Ocupada por los alzados la emisora de Radio Asturias, dirigió una alocución a sus conciudadanos, invitándoles a unirse a la sublevación. Le apoyaron los guardias de Asalto, además de la Falange y la Guardia Civil. En el coronel Aranda se sumaron la audacia y la inteligencia, quedando Oviedo en poder de los nacionales, lo que constituyó un duro revés para el bando frentepopulista.  

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El 19 de julio de 1936, el regimiento de Caballería que mandaba el comandante militar el general Antonio Ferrer de Miguel, cumpliendo órdenes de la cabecera de la VI División Orgánica, procedieron a declarar el estado de guerra, deteniendo al coronel José González Camó, que estaba estrechamente ligado al Frente Popular, y ocupando los edificios más importantes de la ciudad. El gobernador civil de la provincia, que también había sido detenido por los alzados, resultó muerto en extrañas y todavía no aclaradas circunstancias, cuando era conducido a la cárcel.  

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El comandante militar de la plaza, en julio de 1936, era el general de brigada Emilio Mola Vidal, del cual dependía la X Brigada de Infantería, integrada por los regimientos nº 14, destinado en Pamplona y mandado por el coronel José Solchaga Zala, y el nº 24, cuya sede era Logroño. Completaba la guarnición un batallón de Montaña, cuyo jefe era el teniente coronel Pompeyo Galindo Lladó y un grupo mixto de Ingenieros a las órdenes del comandante Gabriel Ochoa de Zabalegui. El Gobierno desconfiaba de Mola, aunque carecía de pruebas concretas para acusarle. También recelaba el jefe de la División Orgánica a la que pertenecía la comandancia de Pamplona, general Domingo Batet Mestres, pero se dejó convencer por Mola, en el monasterio de Irache, donde de incógnito se habían entrevistado los dos generales. El 18 de julio, al conocerse la sublevación de las guarniciones de Marruecos, Mola guardó una actitud expectativa. Dueño de la situación aun sin declarar el estado de guerra, autorizó en un gesto de buena voluntad, a que el gobernador civil Mariano Menor Poblador, abandonara Pamplona. Aunque el nerviosismo hizo presa entre muchos oficiales dispuestos a sublevarse, Mola, como buen ordenancista que era, se negó a hacerlo antes del día y la hora convenida: el domingo 19, a las 6 de la madrugada. Precisamente a esa hora le telefoneó el general Miaja para comunicarle que acababa de aceptar el nombramiento de ministro de la Guerra y también para participarle su extrañeza, pues le habían dicho que en Vitoria alguien había declarado el estado de guerra en nombre del general Mola. Aprovechó éste para hacerle saber a Miaja que se había alzado en armas contra el Gobierno y asumido el mando de la VI División Orgánica. Tropas del Batallón de Montaña procedieron a proclamar el estado de guerra.  

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El Regimiento de Artillería Ligera nº 15 de la guarnición militar de Pontevedra, hasta el día 20 de julio de 1936 se mantiene en una actitud dubitativa, en espera de acontecimientos, pero en la tarde de dicho día, tras sumarse al alzamiento las fuerzas de la Guardia Civil allí destacadas, se procede a declarar el estado de guerra por orden del comandante militar de la plaza el general José Iglesias Martínez, procediendo a detener a las autoridades civiles, que prácticamente no presentan resistencia.  

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El julio de 1936, la guarnición estaba compuesta por un regimiento de Infantería, otro de Caballería, un centro de Movilización y Reserva, la Caja de Recluta y las escasas tropas del Servicio de Intervención, a las que habría que añadir las fuerzas de Orden Público: Guardia Civil, Guardia de Asalto, Guardia de Seguridad y Carabineros. El comandante de la plaza, general de brigada Manuel García Álvarez, estaba implicado en la conspiración, por lo que a las 11 de la mañana del 19 de julio, obedeciendo órdenes del general Andrés Saliquet, que había tomado el mando de la VII División Orgánica, ordenó que tropas a sus órdenes procediesen a leer el bando proclamando el estado de guerra, hecho que la mayoría de la población acató con grandes muestras de complacencia..  

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En el mes de julio de 1936, la guarnición estaba compuesta por un regimiento de Artillería, un batallón de Ingenieros y otro de Zapadores, más las fuerzas de Orden Público: Guardia Civil, de Asalto, Migueletes y Carabineros. El comandante militar de la plaza el coronel León Carrasco Amilibia, sin saber muy bien que actitud adoptar, se limitó el día 18 de julio, a ordenar el acuartelamiento de las tropas. Puesto en comunicación con el gobernador de la provincia, Jesús Artola, llegó casi a convencerse de que el alzamiento ya no era necesario puesto que había sido sustituido en la presidencia del Consejo de Ministros el ‘radical’ Casares Quiroga por el ‘moderado’ Martínez Barrio. No obstante, empujado por oficiales de la guarnición, ordenó el estado de guerra. Mientras tanto, las fuerzas leales al Gobierno se concentraban en Éibar y organizaban una serie de columnas que el día 22 de julio marcharon hacia la capital, la cual, tras una semana de resistencia, volvió a manos del Gobierno republicano, siendo detenidos y fusilados acto seguido los jefes, oficiales y sus seguidores.  

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En julio de 1936, la guarnición de la ciudad estaba compuesta por el Regimiento de Infantería nº 23, cuyo coronel jefe José Pérez García Argüelles, era además el comandante militar de la plaza. El 19 de julio recibe una orden de Burgos, como cabecera de la División Orgánica a la que pertenecía Santander, para que proceda a declarar el estado de guerra y se adhiera al alzamiento militar contra el Gobierno del Frente Popular, orden que no cumple por entender que no procede de fuente legalmente autorizada, quedando a la espera del desarrollo de los acontecimientos. El día 25, tropas republicanas ocupan la ciudad, sin encontrar resistencia, quedando así incorporada a la zona gubernamental. El coronel Pérez García Argüelles es detenido y juzgado por un tribunal popular, siendo condenado a muerte, si bien la pena no se llegó a cumplir.  

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El 19 de julio de 1936, se recibe de la Comandancia Militar de Segovia una orden de la cabecera de la VII División Orgánica (Valladolid) para que se declare el estado de guerra, momento que esperaban la mayoría de los jefes y oficiales de la guarnición, entre ellos el comandante militar de la plaza y director de la Academia de Artillería coronel José Tenorio Muesas, para levantarse en armas contra el gobierno frentepopulista. El coronel José Sánchez Gutiérrez, al mando del Regimiento de Artillería nº 13, pone en práctica la medida adoptada. El resto de la guarnición, la Academia de Artillería e Ingenieros, una sección de Automovilismo, Caja de Recluta y Servicio de Intervención, secundan el alzamiento, quedando la ciudad incorporada a la zona nacional.  

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En julio de 1936, la guarnición estaba compuesta por fuerzas de Infantería, Caballería y Artillería, todas ellas bajo el mando del general José Fernández de Villa-Abrille Calivara. Al conocerse el 18 de julio la noticia de la sublevación de las fuerzas destacadas en el protectorado de Marruecos, dicho general reunió en su despacho a los jefes de cuerpo con el fin de adoptar las medidas al respecto, al tiempo que el comandante de Estado Mayor José Cuesta Monereo trataba de convencerle para que se uniese a los alzados, cosa que no consiguió. Sobre las 2 de la tarde, irrumpe en el despacho el general Gonzalo Queipo de Llano Sierra, hasta aquel momento inspector general de Carabineros, el cual propone al citado Fernández de Villa-Abrille que se sume a la rebelión, respondiéndole éste que no, que está con el Gobierno. Queipo de Llano hace el mismo requerimiento al general Julián López Viota, jefe de la II Brigada de Artillería, el cual también le contesta negativamente. Reacciona Queipo de Llano y a pesar de que no dispone más fuerzas que la propia, ordena que ambos queden detenidos. Asegurado así el control de la división, se lanza a la calle, visitando el cuartel donde se aloja el Regimiento de Infantería, enfrentándose con el coronel de dicha unidad Manuel Allanegui Lusarreta, que tampoco está dispuesto a alzarse contra el Gobierno, el cual es asimismo detenido. Se hace cargo del mando el capitán Carlos Fernández de Córdoba Vicens, el cual proclama el estado de guerra. Son apresados el gobernador civil José María Varela Rendueles y las demás autoridades locales. Así y todo, al llegar la noche del 18 de julio, Queipo de Llano y sus seguidores sólo dominan el centro de la urbe. El resto, que parece una hoguera, pues han sido incendiadas la mayoría de las iglesias, está en manos de la chusma ‘leal’ al Gobierno, por los anarquistas de la CNT y de la FAI y por los comunistas. Queipo de Llano ordena, con gran habilidad, la puesta en libertad de los presos políticos, con lo cual ve incrementadas sus menguadas filas. Por otro lado corta de raíz todo intento de ir a la huelga general, empleando el medio radiofónico, advirtiendo que combatirá con toda energía cualquier intento de paralización, aplicando el castigo que marca la ley con el máximo rigor. Cesada toda resistencia popular, la ciudad quedaba incorporada al bando nacional.  

 

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El 21 de julio de 1936, el comandante militar de la plaza, teniente coronel de Infantería Rafael Sevillano Carvajal, puesto de acuerdo con el jefe de la Guardia Civil el teniente coronel Ignacio Gregorio Muga Díez, declara el estado de guerra, procediendo a la detención de las autoridades civiles. Por la noche del día 21 hace su entrada en la ciudad el coronel Francisco García Escámez e Iniesta -que en 1925 fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando por su actuación en la campaña de Marruecos- acérrimo enemigo de la República, que inexplicablemente destituye al teniente coronel Muga Díez, acusándole de pasividad y de desconfianza en el ejército, quedando la ciudad bajo el dominio nacional.  

 

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Durante los días 19 y 20 de julio de 1936, los jefes y oficiales del Regimiento de Infantería nº 18 y la Caja de Recluta que se hallaban comprometidos en el alzamiento, observaron una actitud cautelosa, en espera de ver cómo se desarrollaban los acontecimientos en otros lugares, especialmente en Barcelona, cabecera de la IV División Orgánica. Tras el fracaso del general Goded en la Ciudad Condal y las palabras que éste pronunció por la radio, relevando a sus seguidores de los compromisos contraídos, el comandante militar de la plaza, el teniente coronel Ángel Martínez-Peñalver, procuró mantener el orden y abortar cualquier conato de levantamiento, con lo cual la ciudad, dominada por las fuerzas gubernamentales, recobró aparentemente la tranquilidad. Pero pocos días después siguió una ola de crímenes, incendios, profanaciones de iglesias y asesinatos de sacerdotes, militares no adictos y civiles conservadores.  

 

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El 19 de julio de 1936, el teniente coronel Mariano García Brisolara, comandante militar de la plaza y jefe de la Caja de Recluta, se sublevó contra el Gobierno de la República y cumpliendo órdenes del general Cabanellas, jefe de la V División Orgánica, con sede en Zaragoza, procedió a proclamar el estado de guerra. Enterado el gobernador civil Domingo Martínez Moreno, salió a la calle y ayudado por un grupo de Guardias Municipales y de Asalto, arrancó de las paredes donde había sido fijado el Bando de la autoridad militar, sustituyéndolo por otro en que se declaraba el estado de alerta. Al día siguiente García Brisolara, al que se habían unido la mayoría de los guardias civiles y de asalto, reiteró el estado de guerra, y tras la detención de las autoridades civiles y de los elementos más caracterizados del Frente Popular, la ciudad quedó incorporada al bando nacional.  

 

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En el mes de julio de 1936 era comandante de la plaza el coronel José Moscardó Ituarte, el cual también desempeñaba el cargo de director de la Escuela Central de Gimnasia. En ésta capital se encontraba la Academia de Infantería, Caballería e Intendencia, la Escuela Central de Gimnasia, la Caja de Recluta nº 3, la Fábrica Nacional de Armas y los servicios de Farmacia e Intervención. La mayor parte del personal se hallaba disfrutando de las vacaciones de verano, por lo que no pasarían de 250 hombres entre jefes, oficiales, clases y tropa, los que podían movilizarse en un momento determinado. Las fuerzas de Orden Público se distribuían así: dos compañías de la Guardia Civil, una compañía de la Guardia de Asalto y unos pocos guardias de Seguridad. El día 18 de julio, Moscardó se hallaba en Madrid haciendo gestiones para su viaje a Berlín, ya que debía acudir como jefe del equipo militar que iba a participar en los Juegos Olímpicos de la capital alemana. Hallándose en el edificio de la I División Orgánica, se enteró de la sublevación de las guarniciones de Marruecos, decidiendo regresar inmediatamente a Toledo. Una vez llegado a la ciudad, dispuso el acuartelamiento de la escasa guarnición de la plaza, así como la concentración de la comandancia de la Guardia Civil. Tras algunos incidentes, provocados por elementos que dispararon contra la fuerza pública, causando tres heridos graves, el ambiente se volvió muy tenso, lo que indujo a la población a refugiarse en sus casas. El día 19, el coronel Moscardó recibe una llamada telefónica del jefe de Servicios del Ministerio de la Guerra, ordenándole que proceda a entregar toda la munición de fusil depositada en la Fábrica Nacional de Armas. Moscardó no accede al requerimiento pero tampoco se niega, empleando la táctica de dar tiempo al tiempo, y contesta que se le dé por escrito la orden de tal entrega. Por la tarde del mismo día, el diputado socialista José Prats García, encomienda al gobernador que exija a Moscardó la entrega no sólo de la munición sino también las armas que existan en la Academia Militar y las que posea la Guardia Civil y no le sean de inmediata necesidad. El citado coronel vuelve a negarse. Por la noche le telefonea el teniente coronel Juan Hernández Saravia, con idéntico propósito, respondiéndole en los mismos términos que a los anteriores. Por último, hace otro intento el general de división José Riquelme y López Bago, pero Moscardó no rectifica su actitud. El día 20, es el general Sebastián Pozas Perea, ministro de la Gobernación, el que le telefonea y le ordena que preste la ayuda que sea necesaria al director de la Fábrica para el envío a Madrid de la referida munición, a lo que Moscardó responde con una negativa, ya que según dice, no dispone de camiones con los que efectuar dicho transporte. El día 21, ya en franca rebeldía, el coronel traslada la Comandancia Militar de la plaza al edificio del Alcázar, desde donde dispone que salga la fuerza a la calle para proceder a declarar el estado de guerra. Acto seguido, las escasas tropas se desparraman por la ciudad, ocupando los puntos más estratégicos. A las 15:30 un avión republicano lanza una docena de bombas sobre el recinto del Alcázar, y tres horas después, otros tres aviones repiten la acción, resultando heridos algunos elementos de la tropa. Procedente de Madrid llega una columna al mando del general Riquelme. Moscardó hace transportar toda la munición existente en la Fábrica de Armas al recinto del Alcázar. Al día siguiente, la aviación vuelve a bombardear el Alcázar y la artillería hace igualmente fuego contra el edificio. Los defensores de la Fábrica de Armas se rinden a las fuerzas de Riquelme, si bien las comunicaciones entre el Alcázar y el resto de la ciudad siguen siendo normales durante toda la jornada. Los refugiados en la fortaleza hablan telefónicamente con sus familiares, muchos de los cuales se apresuran a buscar albergue en el histórico edificio. El día 23, las últimas tropas nacionales que ocupaban la ciudad se retiran al Alcázar, que es cercado totalmente por las fuerzas frentepopulistas, quedando la ciudad en poder de la República.  

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La guarnición de la ciudad, cabecera de la III División Orgánica estaba compuesta por dos regimientos de Infantería, uno de Caballería, otro de Artillería Ligera, el Parque Divisionario de Municionamiento, un batallón de Zapadores, un grupo Divisionario de Intendencia, los centros de Movilización y Reserva y la Caja de Recluta. Al frente de todas las fuerzas figuraba el general de brigada Fernando Martínez de Monge Restoy y era jefe de la brigada de Infantería el general Mariano Gámir Ulibarri, de la de Artillería el general Eduardo de Cabaña del Val y jefe de la Guardia Civil el general Luis Grijalvo Celaya. Al parecer ninguno de estos generales estaba comprometido con el alzamiento. Sin embargo había un grupo de jefes y oficiales que estaban dispuestos a alzarse en armas contra el Gobierno. El 17 de julio de 1936 se hallaba en Valencia el comandante de Estado Mayor Bartolomé Barba Hernández, fundador de la UME (Unión Militar Española) a la espera de la llegada del general Manuel González Carrasco, que teóricamente era el encargado de dar el golpe, pero llegado el momento éste general perdió mucho tiempo en discusiones banales. Nadie se atreve a dar el primer paso y el tiempo corre en contra de los conspiradores. El día 19 por la tarde reciben la noticia de la rendición del general Goded en Barcelona, que no sirve sino para disuadir a los comprometidos o por lo menos anular su acción. Llegan a Valencia millares de campesinos que se agolpan, tanto para recibir órdenes como armas. Un gran contingente de civiles armados se distribuyen por la ciudad. Una llamada Junta Delegada de Levante, a cuyo frente aparece el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, comienza a actuar. Su finalidad es lograr la adhesión de las autoridades militares de Valencia al Gobierno. Entre el 20 y 23 de julio, el general Martínez de Monge juega con dos barajas, pues ni rechaza las invitaciones que se le hacen para pronunciarse, ni toma decisión alguna a este respecto. Las fuerzas adictas al Gobierno, así como las milicias de los partidos de izquierdas y de las organizaciones sindicales, son cada vea más numerosas y la huelga general paraliza la ciudad. Por fin, Martínez de Monge se dirige por radio a los valencianos y les dice que está a las órdenes del Gobierno, no obstante lo cual es destituido de su cargo. Valencia es ganada para la causa gubernamental.

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En julio de 1936, desempeñaba la jefatura de la VII División Orgánica el general Nicolás Molero Lobo, que había sido ministro de Guerra en los  gabinetes presididos por Manuel Portela Valladares (14/12/35 hasta 19/2/36). El día 18, se entera el general de la sublevación del protectorado de Marruecos, cuando le anuncian la llegada del general Andrés Saliquet Zumeta -que iba acompañado de generales y oficiales, además de algunos miembros de Renovación Española-, para proponer a Molero que se alce en armas contra el Gobierno. Éste le pide un tiempo para decidirse, pero Saliquet le apremia y le dice que necesita conocer la respuesta al momento. Molero llama al capitán de servicio, Ángel Gómez Caminero, pero éste, de acuerdo con los conjurados, no atiende el requerimiento del jefe de la división. Al percatarse de la traición, el comandante Ruperto Rioboo Llovera, ayudante del general Molero, dispara su pistola y mata a uno de los afiliados a Renovación Española y hiere al teniente coronel Enrique Uzquiano Leonard, que acompañaba a Saliquet. Los guardaespaldas de éste responden con tiros y caen heridos mortalmente Rioboo y el comandante y ayudante de Molero, Ángel Liberal Travieso, resultando herido levemente el propio general Molero. Acto seguido, Saliquet toma el mando de la división, uniéndose a los militares sublevados las fuerzas de Seguridad, Asalto y Guardia Civil. Proclamado el estado de guerra, un grupo de falangistas se apodera de la Casa del Pueblo, deteniendo a gran número de afiliados a los partidos de izquierdas y republicanos, y poniendo en libertad a los elementos de derechas que se hallaban encarcelados. La ciudad se convirtió en un auténtico feudo falangista.

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El 19 de julio de 1936, a las 7 horas, el general Ángel García Benítez -pariente del presidente de la República Manuel Azaña-, comandante militar de la plaza y jefe de la III Brigada de Caballería, siguiendo instrucciones del general Mola y tras consultar con Luis Campos-Guereta, coronel del Regimiento de Caballería nº 6, Vicente Abreu Madariaga, coronel del Regimiento de Artillería de Montaña nº 2, Camilo Alonso Vega, teniente coronel jefe del Batallón de Montaña nº 8 y Cándido Fernández Ichazo, coronel de la Caja de Recluta, procedió a declarar el estado de guerra. Acto seguido ordenó la detención de las autoridades republicanas y nombró gobernador civil de Álava al general retirado Germán Gil Yuste, quedando toda la provincia en poder de los nacionales.

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En la mañana del 19 de julio de 1936, el coronel José Iscar Moreno, que mandaba el regimiento de Infantería que constituía la única guarnición de la plaza, dispuso que las fuerzas a sus órdenes ocupasen los puntos estratégicos de la ciudad, lo que hicieron sin necesidad de disparar un tiro, y proclamasen el estado de guerra. El gobernador civil, Tomás Martín Hernández, no hizo la menor tentativa de resistencia y se refugió en Portugal. Los pocos guardias Civiles, de Asalto y Carabineros que constituían las fuerzas de orden público se adhirieron desde el primer momento a los militares nacionales.

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En julio de 1936, la cabecera de la V División Orgánica, de la que era jefe supremo el general Miguel Cabanellas Ferrer, estaba integrada por las siguientes fuerzas: una brigada de Infantería, mandada por el general Eliseo Álvarez Arenas; otra de Artillería Ligera, cuyo jefe era el general Eduardo Martín González de la Fuente; un regimiento de Caballería a cuyo frente se hallaba el coronel José Monasterio Ituarte; y un batallón de Ingenieros Zapadores y otro de Ingenieros Pontoneros. Las fuerzas de Orden Público compuestas por un tercio de la Guardia Civil y un fuerte contingente de Guardia de Asalto. El rápido triunfo del alzamiento militar constituyó un inesperado golpe para el Gobierno republicano, ya que Zaragoza era un baluarte anarcosindicalista con cerca de 50.000 afiliados a la CNT, y por otro lado porque al frente de las fuerzas militares se hallaba el general Cabanellas que había dado innumerables pruebas de fidelidad a la República. El 18 de julio se recibe la noticia de que las guarniciones de Marruecos se han alzado en armas contra el gobierno del Frente Popular. El general Cabanellas de acuerdo con el general Álvarez Arenas, ordena el acuartelamiento de las fuerzas. Al mediodía del sábado 19 se formaron colas de jefes y oficiales que concurrían al edificio de la División a firmar pliegos de adhesión al movimiento. Al mediodía del día 18, Santiago Casares Quiroga, ministro de la Guerra, requiere por teléfono al general Cabanellas para que vaya a Madrid, para informar sobre la situación planteada con el alzamiento militar, con la promesa de que esa misma noche volvería a Zaragoza. La maniobra de Casares consistía en sacar por carretera a Cabanellas de Zaragoza, al mismo tiempo que enviaba por avión a Miguel Núñez de Prado y Susbielas -afiliado a la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista) y que desempeñaba el cargo de director general de Aeronáutica, y que en la madrugada del día 18 de julio de 1936, fue nombrado inspector general del Ejército- para hacerse cargo del mando de la V División e impedir así la sublevación ya inminente. Una vez llegado a la capital aragonesa, se encontró frente a frente con Cabanellas, dándose cuenta del engaño de que había sido objeto por parte de Casares Quiroga o del tremendo error en que éste se hallaba respecto al paradero y auténticas intenciones de Cabanellas. La detención de Núñez de Prado y sus ayudantes no se hace conocer en Madrid. El día 19 es conducido detenido a la Academia Militar y días después a Navarra. Por la tarde del 18 de julio, se comunica Martínez Barrio con el general Cabanellas, para lograr una concordia, ofreciéndole la formación de un gobierno, presidido por él, en el que participarían varios generales comprometidos en el alzamiento. Tal gabinete suavizaría las asperezas y se esforzaría para lograr un acuerdo. Cabanellas le contesta con un ¡Demasiado tarde!... A las 11 de la noche, el general ordena que una batería ocupe el Paseo de la Independencia y que otras se sitúen en lugares estratégicos, en tanto que ametralladoras eran colocadas en los altos de la Universidad. Fueron detenidos 360 directivos de los partidos del Frente Popular. En el amanecer del día 19, una compañía del Regimiento de Infantería nº 22, después de desfilar por la calle del conde de Aranda y el Coso, procedió en la Plaza de la Constitución a dar lectura del Bando que implantaba la ley marcial, quedando la plaza en poder de los nacionales. 


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