|
Por
Pablo Gasco de la Rocha.
|
A raíz del escándalo
de la red de abortos ilegales en Barcelona, práctica
mayoritariamente extendida en toda España, y tras veintidós años
de vigencia, unos y otros han puesto el grito en el cielo. El PP,
por cuanto entiende que las "condiciones" reguladoras para
asesinar al feto deben cumplirse escrupulosamente. Y los sectores
pro-abortistas, esto es, el PSOE y IU, por cuanto expresan su temor
a que las revelaciones sobre las inhumanas prácticas del aborto en
los centros clausurados, puedan generar un estado de opinión
contrario al aborto libre.
Pese a todo, unos y
otros se pasan por el forro la legalidad constitucional vigente.
Legalidad constitucional cuyo incumplimiento vulnera de forma
fragrante y continua el Estado de Derecho, aunque ninguno de los
Poderes del Estado sea capaz de remediarlo. Un signo de identidad
del estado de completa putrefacción del Reino de España, pese a
las pomposas declaraciones que Su Majestad hizo en su tradicional
discurso de Navidad, en cuanto al progreso alcanzando durante estos
años.
|
|
Y es que no sólo el
aborto libre es inconstitucional, sino que la misma Ley (1985) que
lo despenaliza en los tres supuestos reguladores lo es, por cuanto
contradice el artículo 15 de la Constitución que ampara el derecho
a la vida. Derecho que ampara, como no podía ser de otra forma, al
nasciturus, como reconoce la interpretación que del citado artículo
15 de la Constitución hace el Tribunal Constitucional -cuyas
decisiones deben vincular a todos los poderes públicos y sujetos
privados, al ser el órgano que interpreta la Constitución, vértice
del Estado de Derecho-, que califica como inconstitucional una "ley
que desprotegiera la vida del no nacido poniendo en manos de la
madre la decisión soberana de acabar con ella", que es
lo que se está haciendo. Vida que no sólo protege dicha
interpretación, sino que ampara con normas penales. Y cuya
interpretación deja claro que la vida humana comienza con la
gestación y que se desarrolla como un "continuo" hasta la
muerte, reconociendo explícitamente, por tanto, que el feto es un
ser vivo distinto de la madre. De ahí que descarte un desamparo en
la fase embrionaria.
Por todo lo dicho,
Majestad, rectifique y cumpla la Constitución.
Pablo Gasco de la
Rocha
INICIO
|
Generalísimo.
