La noche del 24 de enero de 1977 se producía un atentado mortal en el despacho de abogados laboralistas de la madrileña calle de Atocha. Un suceso que remueve todos los aniversarios la memoria, oculto, todavía, en las entrañas de las alcantarillas del Estado, donde murieron asesinados Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdevira, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez, y heridos muy graves Lola González, Alejandro Ruíz-Huertas, Luís Ramón y Miguel Sarabia.

Preguntarse hoy cómo habrían sido las cosas sin esa concatenación de eventualidades que por aquellos días sucedieron en Madrid, y que a la postre hicieron posible la legalización del Partido Comunista de España (PCE), es un ejercicio de historia-ficción para novelistas en el yo no voy a adentrarme. Sin embargo, si este relato del atentado que determinó la evolución de la Involución tiene para algunos los tintes de ficción referidos, es, sencillamente, porque yo no he participado nunca de la “verdad oficial”. De ahí que convenga leer este artículo y otros que vengan en esta dirección, para precaverse contra el engaño que inocentemente podamos haber sufrido.

En este sentido, la primera afirmación que debemos hacer, es que la legalización del PCE se hacía imposible desde todo punto de vista. Y hasta tal punto era así, que el propio Tribunal Supremo se inhibió del asunto por considerar que el simple planteamiento vulneraba la legalidad vigente, pues era un asunto político. O para ser más exactos, una razón de Estado. Una más de las que se esgrimió en aquel tiempo de conculcación, tergiversación y engaño. Por eso la escalada de la tensión de aquellos días y el recuerdo de aquel entierro masivo que observó el Rey desde un helicóptero, constituyeron los argumentos de inflexión para una legalización imposible ante un supuesto de máxima urgencia nacional: la revolución izquierdista que acaudillaría el PCE con el aporte necesario de los tontos útiles. Incluidos muchos de los que hoy pueblan las filas del PP o de sus medios: Inter-Economía y La Gaceta de los Negocios.  

Han pasado los años, y muchos lamentamos no haber podido sentar en el banquillo a los inductores de aquella matanza premeditada, alevosa y nocturna. Porque la investigación realizada en aquel momento no respondió a las sospechas que se albergaban, impidiendo investigar a los responsables del Ministerio del Interior (Martín Villa y Rosón, fundamentalmente) y a los dirigentes del PCE (Santiago Carrillo y Pasionarias como principales beneficiados). Por eso a falta de una veraz explicación, aunque no cuente con el apoyo de amplios sectores de la izquierda, sostengo que quienes aquella noche aciaga terminaron por abrir fuego sobre aquellas personas “sin significación política” fueron simples mandados, señuelos de una trama mucho más ambiciosa. Como trama fue el asesinato de Juan Ignacio Gonzales, líder del Frente de la Juventud, por poner sólo un caso. Sin duda el que más nos duele.