|
Por
Pablo Gasco de la Rocha.
|
Lo primero que hay que decir en un Estado de derecho cuando nos
referimos a los jueces, miembros del Tercer Poder del Estado, es que
son una parte sustancial en la creación del Derecho, pues su
capacidad normativa y resolutiva va mucho más allá del simple
manejo de las normas legales aprobadas en el Parlamento. Al margen,
claro está, de que con sus sentencias el Tribunal Supremo crea
Jurisprudencia, una de las fuentes del Derecho. En definitiva, lo
que hace el Poder Judicial es una función de amparo y protección a
la sociedad a la que sirven.
|
|
Una función de
amparo y protección que no se ha realizado respecto al tema capital
que hemos padecido, el terrorismo de ETA, por más literatura que al
respecto se haga. Y para corroborarlo, no hay más dato que la
propia realidad, pues hasta 1996 no se da un giro a partir del
convencimiento de que la política de tolerancia con la ilegalidad
en el País Vasco había fracasado, y de que era necesario acabar
con la generalizada impunidad con la que los terroristas y sus cómplices
actuaban ya sin la justificación jurídica que se había empleado
respecto a Batasuna, parte integrante de ETA desde siempre. Lo que
sin duda ha causado un efecto desmoralizador y demoledor
entre los ciudadanos, y no sólo entre los más afectados por el
terrorismo de ETA, hasta el punto de que la sociedad ha percibido al
Poder Judicial como un simple apéndice del Ejecutivo.
Apenas trascurridos tres años de la publicación de aquella
sentencia en cuya parte dispositiva se ordenaba expresamente que
"los partidos cuya ilegalidad se declara cesen de inmediato en
todas las actividades que realicen", volvemos a la misma
situación de impunidad anterior a 1996, según ha
declarado el Tribunal Supremo, pues nuevamente ETA, ahora a través
de su nuevo socio, ANV, es quien vuelve ha presentarse a unas
elecciones, circunstancia que no ha sido impugnada por los únicos
que estaban legitimados para hacerlo, la Fiscalía General del Reino
y la Abogacía del Estado. Desde este punto de vista, a todas luces
percibido por la sociedad, los valores superiores como la justicia,
la libertad y la igualdad quedan seriamente dañada y en entredicho.
Siendo lo menos grave el modus operandi que nuevamente se ha
empleado: el hostigamiento y la violencia contra los candidatos de
los otros partidos, sin excluir la "bomba lapa" en los
bajos del coche del candidato socialista, señor Elola.
Como colofón, pues, a lo que constituye una burla fragrante y
continuada al Estado de derecho, el Poder Judicial en pleno debería
actuar de contrapeso y balanza contra tal exceso y pretendida
inmunidad; y ello, al margen de la decisión de cualquier mayoría
parlamentaria. Porque después de la excarcelación de De Juana
Chaos, de la arbitraria retirada de acusación respecto a Otegui, de
la actuación continuada y reiterada del Fiscal General del Reino a
las órdenes del Ejecutivo, y de la política de cesiones y de
tolerancia del Gobierno de Zapatero al mundo criminal de ETA, ha
llegado el momento inaplazable de buscar los jueces que necesita
nuestra democracia. Pues hay que acabar con este tumor antes de que
sea demasiado tarde.
INICIO
|
Generalísimo.
